Por décadas se ha estado hablando en Estados Unidos de una “Reforma Migratoria”. Presidentes republicanos y demócratas van y vienen y no parecen ponerse de acuerdo en un tema que tiene a todos debatiéndose en el ámbito nacional.
Recordemos que el 6 de noviembre de 1986, el presidente Ronald Reagan (republicano), firmó la Ley Mazzoli-Simpson (Reforma y Control de Inmigración – IRCA), conocida como “Amnistía”, la cual otorgó residencia permanente legal a 2.7 millones de inmigrantes indocumentados que habían vivido continuamente en los EU desde antes del 1 de enero de 1982, o que habían sido empleados en trabajos agrícolas temporales antes de mayo de 1986. La IRCA fue una ley de compromiso, porque también creó nuevas sanciones para los empleadores que contrataran inmigrantes que no contaran con autorización de empleo. Se pensó que este paso tan importante iba a frenar, de alguna forma, el flujo migratorio. Sucedió lo contrario. A medida que han pasado los años la población indocumentada se ha multiplicado en forma alarmante.
En 1986, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) inició el programa piloto Programa de Aprehensión de Criminal Extranjero (ACAP por sus siglas en inglés). Bajo ACAP, el INS trabajaba con las cárceles locales para identificar a inmigrantes que pudieran ser deportados e instituir procedimientos de deportación.
El presidente Bill Clinton (demócrata) firmó en 1996 una reforma a la ley migratoria donde incluyó, entre otros aspectos, la Ley Anti-Terrorista y Pena de Muerte Efectiva; la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad al Inmigrante; y la suspensión del Programa de Trabajadores Huéspedes del Campo. Esta suspensión ocasionó que los trabajadores agrícolas decidieran quedarse en el país, sin permisos de trabajo, por el temor de regresar a sus lugares de origen y no encontrar empleo. La mayoría de ellos eran el único sustento de sus familias. Este hecho acrecentó en millones el número de indocumentados de esa época.
A partir de entonces ha habido otros cambios importantes hasta llegar a junio de 2012 cuando el presidente Barack Obama (demócrata) estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) donde el gobierno acordó “diferir” en forma temporal cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron a EU cuando eran niños. Así, se congelan procesos de deportación y se facilitan permisos de trabajo y licencias de conducir para los beneficiarios. Este programa, conocido como “Soñadores”, ha sido muy conflictivo desde el principio ya que en muchos estados no se ha aplicado como debe de ser y ha estado en peligro de desaparecer porque no fue firmado como una acción ejecutiva del mandatario.
Ahora el presidente Donald Trump (republicano) con su marcado sentido anti-inmigrante ha hecho todo lo posible por endurecer las leyes migratorias en un intento, según él, de poner fin a la inmigración ilegal y “proteger al país de los terroristas y criminales” llegando al grado de cerrar la frontera (como es el caso de El Paso, TX y Ciudad Juárez) y exigiendo a México que controle su frontera sur y que “se quede con los indocumentados que deja pasar para que no lleguen a la frontera norte”.
La verdad es que la posibilidad de una reforma migratoria está cada vez más lejana ya que tanto republicanos como demócratas la utilizan como “carrito de batalla” en sus ataques políticos y esto, en vez de desanimar a los paisanos, los hace seguir prefiriendo venirse en busca de un “sueño americano” que ya dejó de existir arriesgándose a la separación familiar, a la cárcel o a morir en el intento.
