Ilegal el intento de Trump por rescindir DACA, dictamina corte de apelaciones
Redacción
Una corte federal de apelaciones dividida el viernes dictaminó que la decisión del presidente Trump de rescindir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue ilegal porque “no se explicó adecuadamente”.
La Corte de Apelaciones del 4º Circuito en Virginia encontró que la finalización del programa por parte de la administración fue “arbitraria y caprichosa”, en línea con una decisión previa de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
La mayor parte de la decisión se basa en cómo la administración presentó su decisión de rescindir el programa DACA.
Los abogados de la administración de Trump argumentaron que la decisión de rescindir DACA era una decisión de la agencia y, por lo tanto, no tenía que estar disponible para comentarios públicos y otros procedimientos requeridos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Si bien el tribunal acordó que la decisión no tenía que someterse a un período de comentarios públicos, dijeron que los funcionarios de la administración aún violaban la ley federal al no explicar completamente su decisión de rescindir DACA.
Los jueces escribieron en la opinión de la mayoría que la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, “rescindió una política general de aplicación vigente durante más de cinco años y afectó a cientos de miles de afiliados según la opinión de que la política era ilegal”.
“Tampoco el Departamento dio cuenta adecuadamente de los intereses de confianza que se verían afectados por su decisión. Cientos de miles de personas habían estructurado sus vidas sobre la disponibilidad de acciones diferidas durante los más de cinco años entre la implementación de DACA y la decisión de rescindir “, se lee en la opinión. “Aunque el gobierno insiste en que la secretaria interina Duke consideró estos intereses en relación con su decisión de rescindir DACA, su Memo no hace mención de ellos”.
La decisión del tribunal de apelaciones se deriva de una demanda que sostiene que la decisión de terminar con DACA debía someterse a comentarios públicos y otros procedimientos de APA.
La queja también alegó que los cambios propuestos en la política sobre la forma en que se compartiría la información personal de los solicitantes de DACA eran igualmente ilegales y violaron las protecciones al debido proceso garantizadas por la Quinta Enmienda.
