La política de cero tolerancia del gobierno de Donald Trump ha puesto la mira en los turistas que entraron legalmente al país, pero se quedaron tras el vencimiento de su visa; se habla de la instalación de escáneres biométricos en los puertos de entrada, así como el cobro de “bonos de admisión”, que serían devueltos al regreso, como parte de su estrategia.
En este momento lo máximo que persona puede permanecer en el país con visa de turista son seis meses y se busca evitar que se queden permanentemente; se estima que el hasta un 45 por ciento de los inmigrantes entraron legalmente al país.
“Un aspecto que le molesta al presidente Trump es que estas personas se puedan casar con un ciudadano o residente y luego iniciar un proceso para poder ajustar estatus migratorio”, dijo el reconocido activista y abogado de inmigración Yasser Sánchez.
Aunque el presidente Trump dio un plazo de cuatro meses a las Secretarías de Estado y Seguridad Nacional, para resolver la situación, ya se prevé la instalación de escáneres biométricos para huellas digitales en los puertos de entrada al país, con el objetivo verificar tanto la entrada como la salida de extranjeros por parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La nueva tecnología procesará la información de casi un millón de personas que ingresan a Estados Unidos diariamente, y ya en funciona en los aeropuertos más transitados de la nación, por lo que se estaría instalando en todas las garitas tanto terrestres como marítimas como una extensión del programa US-VISIT.
Gobierno justifica la medida
“Esto afectará sin duda quienes están viviendo aquí con visas de turista, pero es preocupante la repercusión económica, pues millones de personas vienen a los Estados Unidos de compras, vacaciones o negocios y regresan a su país. El endurecimiento de políticas hacia visitantes con visas, podría llevar a que tengamos menos comercio y afectar a la economía del país”, consideró Yasser Sánchez.
El US-VISIT coteja las huellas dactilares de los individuo con las bases de datos del DHS para detectar a quienes han violado las leyes de inmigración y del Buró Federal de investigaciones (FBI), para detectar criminales y terroristas conocidos o sospechosos y fue implementado tras los ataques del 11 de septiembre del 2001.
El gobierno argumenta que los resultados de la verificación ayudan a sus agentes a tomar decisiones sobre visas y permisos de entrada, previene el uso de documentos falsos y protege a los visitantes del robo de identidad.
También se sopesa el desarrollo de “bonos de admisión” que se traduce en el pago de un deposito de garantía que sería reembolsado a la salida del país, aunque al momento no se han ofrecido más detalles sobre su funcionamiento ni costo.
“Como abogado de inmigración lo veo como una continuación de la dura política anti inmigrante de la Casa Blanca de los últimos 26 meses y que se basa en hacer los procesos más difíciles y limitar la estancia legal en el país”, señaló Sánchez.
También se anunció en el diario oficial estadounidense una nueva regla que castigará a los países que demoren o rechacen a sus connacionales deportados por Estados Unidos.
Los posibles castigos incluyen limitar el número de visas otorgadas a los ciudadanos de alrededor de una treintena de países donde se otorgan las visas tipo B1/B2 para viajes de negocios y/o turismo, cuya estadía máxima no debe exceder los seis meses (180 días), limitar el tiempo que los ciudadanos pueden ingresar a Estados Unidos y exigir que sus ciudadanos proporcionen más documentos cuando viajan.
