Redacción
Llegaron al atardecer, con uniformes de combate y se bajaron de vehículos del gobierno, eran militares y agentes de policía que rodearon un pequeño hotel en el centro de Tapachula, una pequeña ciudad en la frontera de México con Guatemala y su objetivo era localizar a los migrantes sin documentos.
Los agentes corrían de puerta en puerta, arrastrando a la gente fuera de su camino, mientras los migrantes gritaban o huían por la puerta trasera, huyendo sobre los techos de las casas vecinas, según describieron testigos.
Fue una de varias redadas que se realizaron aquí la semana pasada para arrestar a los migrantes, como parte de una estricta iniciativa mexicana en contra de la ola de centroamericanos y otras personas que tratan de llegar a Estados Unidos.
Durante las últimas semanas, las autoridades mexicanas se han dedicado a desarticular las caravanas de migrantes e instalar controles de carreteras que se encuentran activos las veinticuatro horas del día en las rutas más frecuentadas hacia el norte.
Los arrestos y las deportaciones en México se están multiplicando rápidamente, sembrando el miedo entre miles de centroamericanos y nativos de otras naciones que se amontonan en los refugios para migrantes y hoteles económicos aquí en el sur de México, la mayoría de ellos con la esperanza de llegar a la frontera estadounidense.
El gobierno mexicano ha estado bajo una intensa presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para bloquear el paso de las decenas de miles de migrantes indocumentados que buscan llegar al norte cada mes. Como las autoridades estadounidenses no pueden detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, Trump responsabiliza a los países de la región —entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, los puntos de origen de la mayor parte del éxodo— y los ha amenazado con sanciones a menos que tomen medidas más severas.
La semana pasada, Trump impactó a funcionarios y líderes empresariales de ambos lados de la frontera estadounidense cuando prometió imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas salvo que México impidiera que los migrantes indocumentados cruzaran la frontera hacia Estados Unidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que su país ya ha estado cumpliendo con su parte y argumenta que la crisis proviene de una compleja serie de problemas sociales y políticos en toda la región que necesitarían una inversión internacional de miles de millones de dólares —y no medidas punitivas— para resolverse.
Sin embargo, más allá de sus recientes esfuerzos de control migratorio, los funcionarios mexicanos admiten que su frontera sur es sumamente endeble, pues miles de migrantes la atraviesan cada mes por cientos de cruces ilegales.
A lo largo del río Suchiate, que marca una parte de la frontera entre México y Guatemala, montones de balsas cruzan a plena vista de un puente fronterizo oficial. Las embarcaciones, hechas de tablones de madera atados con llantas, flotan de un lado al otro en el transcurso del día, transportando abiertamente a migrantes indocumentados, residentes locales y mercancías del mercado negro.
De acuerdo con los balseros, las severas y recientes medidas de control de las autoridades mexicanas no han afectado su tráfico ilegal.
