El presidente Donald Trump fiel a su costumbre de cimbrar por medio de su cuenta de Twitter, escribió que tomará acciones inmediatas para deportar o encarcelar a dos millones inmigrantes sin documentos y criminales, apenas horas antes de iniciar oficialmente su campaña por la reelección.
“Lo que vamos a hacer es detener a los criminales y quienes tienen antecedentes penales, integrantes de pandillas, narcotraficantes”, dijo también en el importante programa periodístico 60 Minutos.
Como muchas de sus amenazas, esta parece dura y directa pero al momento de llevarla a los analistas y conocedores del problema migratorio sencillamente pierde posibilidades.
Para iniciar, la propia Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha reconocido que no cuenta con los recursos ni los centros de detención para procesar un mega operativo de tal magnitud, aunado a los problemas que evidentemente han sobrepasado a las autoridades fronterizas con la crisis de centroamericanos solicitantes de asilo.
No “cuadran” los números
Por otra parte y de acuerdo con cálculos del Migration Policy Institute, de los 11 millones de migrantes sin autorización, sólo unos 820 mil tienen antecedentes penales y cerca de 300 mil de esos tienen condenas por delitos, las malas personas de las que habla Trump.
Al gobierno de Barack Obama le tomó ocho años deportar a 2.5 millones de inmigrantes, por lo que la amenaza de Trump parece imposible de cumplir porque simplemente no puede subir a dos millones de personas en autobuses, aviones y barcos para sacarlos de aquí; primero, tendrá que meterlos en las cortes migratorias, donde hay muy pocos jueces y abogados con una gran sobrecarga de casos y sobre poblar centros de detención hasta reventar.
“Pero la imposibilidad de realizar éste trabajo ha sido evidente y de hecho el reconocerla, fue la causa de la renuncia de la ex Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen; simplemente el ICE no cuenta con el personal para buscar a esos millones de personas que Trump reclama”, considera el activista y abogado de inmigración Yasser Sánchez.
Improbables redadas
Las deportaciones propuestas por Trump asemejan a la de la población de Chicago, por lo que requeriría de una gran aplicación de la ley, estatal y local, en contra de personas que no representan amenaza alguna.
También significaría un aumento en las redadas en hogares y lugares de trabajo, en investigaciones y en detenciones de tránsito y una verdadera siembra de terror.
Para lograr los resultados que Trump promete, debería contar con el apoyo de las policías locales, algo que parece improbable, ya que cada vez es más larga la lista de ciudades que ha descartado participar en ese tipo de redadas indiscriminadas que además provocarían que la delincuencia se agrave.
Arizona ya vivió esa historia con el ex sheriff Joe Arpaio y una camada de legisladores que aplicaron leyes antiinmigrantes que a la postre dañaron la economía del estado.
Y es que no es tan sencillo arrebatar de sus empleos a los trabajadores que colaboran para mantener la economía tanto de Arizona como del país, en movimiento.
Llamado a supremacistas
Especialistas en el tema coinciden en que el anuncio de Trump ésta semana, es igual a los realizados recientemente, son mayormente golpes publicitarios para lograr más respaldo en su campaña de reelección.
“El anuncio a sólo unas horas de iniciar oficialmente su campaña de reelección es para llamar a sus seguidores a que le aporten fondos a su campaña, porque en éste momento se encuentra por debajo en las encuestas contra dos de los principales aspirantes demócratas, todo es política”, considera Sánchez.
Baste recordar que el discurso anti migratorio y divisorio de Donald Trump fue el que le llevó a obtener el apoyo de grupos supremacistas y millonarios contribuyentes que a la postre lo llevaron a la Presidencia.
Desinformación
La falta de información respecto al mega operativo es incluso para los partidarios del propio Trump, como el congresista republicano Andy Biggs, quien señaló al menos 2 millones de inmigrantes ilegales como el probable blanco de las posibles deportaciones.
“Hay alrededor de un millón de personas que ya han recibido el debido proceso; un tribunal ha revisado su caso y se determinó que están ilegalmente en los Estados Unidos, pero no están detenidos y necesitan ser enviados a casa”, dijo Biggs.
Otro millón, podrían ser quienes tenía citas en la corte pero no se presentaron.
“Pese a que ya fueron legalmente procesados, permanecen en el país y creo que es de lo que habla el presidente”, agregó Biggs.
Biggs dijo que habló con Mark Morgan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas, la semana pasada y una de las estrategias podría ser la aplicación de las leyes de tránsito.
“A veces se trata de una simple orden de registro: encuentran a alguien en una infracción de tránsito y también hay una retención de ICE”, consideró Biggs.
