Desde ésta semana la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue autorizada por la administración Trump para deportaciones vía rápida que pueden aplicarse a cualquier persona que haya permanecido ilegalmente en el país por menos de dos años, anteriormente, esas deportaciones se limitaban a las personas arrestadas casi inmediatamente después de cruzar la frontera con México.
El cambio en la política migratoria ha causado la preocupación de diversas organizaciones de la defensa de los derechos humanos y civiles, al considerar que se abre la puerta a la violación de las garantías de las personas y que incluso ciudadanos americanos podrían resultar afectados.
Ahora los funcionarios de Seguridad Nacional con el nuevo poder de deportación pordán expulsar a quienes se encuentran en el país ilegalmente, más rápido que los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, donde los casos pueden tardar años en resolverse y reducir un atraso de más de 900 mil casos en tribunales de inmigración.
Estrategia peligrosa
“Yo personalmente lo veo como un peligro hacia los derechos de ciudadanos americanos, residentes y hasta personas en proceso arreglar su estatus, ya que podrían estar en peligro de ser deportados sin que tengan tiempo de pelear una deportación o defender sus derechos, recientemente vimos el ejemplo de un ciudadano americano detenido en Texas por varias semanas”, señala el activista y abogado de inmigración, Yasser Sánchez.
“Otro problema es de que motiva a agentes de ICE a ser más agresivos con los inmigrantes, por eso debemos siempre traer con nosotros identificación válida, permiso de trabajo y residencia, e igualmente números de contacto”, agregó.
Importantes organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Human Rights Watch y AIC, entre otras, rápidamente presentaron demandas legales para bloquear la política.
Hay que estar preparados
“Claro que habrá demandas para tratar de frenar esta orden, pero por mientras, carguen documentos que compruebe que tienen aquí por lo menos dos años y quizás también sería buena idea hablar con sus seres queridos sobre un plan y que tengan un documento sobre la tutela de hijos menores en caso de alguna emergencia”, recomienda la reconocida activista Lydia Guzmán, de Chicanos Por La Causa (CPLC).
“Su mejor protección en caso de que lo detengan es guardar el silencio, no admita su estado, no le facilite la deportación a inmigración y recuerde que muchas organizaciones ya han prometido presentar una demanda para frenar esta disposición”, agregó Guzmán.
En los centros de trabajo
ICE informó se han realizado operativos en tres mil 300 espacios de trabajo en los 50 estados y Puerto Rico y realizó 934 arrestos en los últimos meses.
Abogados y activistas han alertado a empleadores a mantener en orden la documentación de las personas que contratan, debido a las investigaciones de “La Migra”, que han aumentado en el último año, por lo que recomiendan a las empresas a mantener en orden sus archivos de Formulario I-9.
ICE ha aumentado considerablemente el número de investigaciones, realizando seis mil 848 acciones de cumplimiento en el lugar de trabajo en 2018, frente a mil 691 en 2017, lo que representa un aumento del 300 por ciento.
Los inmigrantes indocumentados detenidos podrían ser acusados de fraude y otros delitos, si se descubre que los documentos con que obtuvieron su trabajo son falsos o pertenecen a otras personas.
