La campaña para legalizar el uso recreativo de la marihuana en Arizona comenzó oficialmente, con una serie de cambios destinados a aliviar las preocupaciones que no permitieron prosperar el esfuerzo similar del 2016.
Smart and Safe Arizona presentó su lenguaje de iniciativa ciudadana ante la Secretaría de Estado la semana pasada y permitiría a los adultos que tienen al menos 21 años comprar y poseer hasta una onza de marihuana para uso personal, la cantidad que habría sido permitida por una propuesta de 2016 que perdió en las urnas por solo 3 puntos porcentuales.
Pero la campaña está destacando una serie de cambios con respecto a la iniciativa anterior que espera ayude a su aprobación, pues la nueva propuesta brinda a los empleadores la capacidad de prohibir el uso por parte de los empleados, según portavoz de la campaña que en el 2016 generó una feroz oposición de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona y contribuyó en gran medida a la opsición.
Otra preocupación importante en 2016 fue lo que los críticos dijeron que eran regulaciones insuficientes que impiden a las personas conducir bajo la influencia de la marihuana.
Pero la nueva iniciativa deja “muy claro” que conducir bajo la influencia sigue siendo ilegal y establece que se prohíbe conducir, volar o pasear en bote “mientras está impedido, incluso en el más mínimo grado”.
La iniciativa incluye nuevas protecciones contra la comercialización de productos a base de marihuana que se parecen o imitan a los alimentos y bebidas que se comercializan a los niños como ositos de goma o gusanos y también productos que se asemejan a la forma de un ser humano, animal, insecto, fruta, juguete o caricatura.
También prohibiría fumar marihuana no solo en edificios públicos, sino también en espacios públicos abiertos como parques y aceras.
La incapacidad de los empleadores para regular la marihuana en el lugar de trabajo era la mayor preocupación de la Cámara de Comercio con la iniciativa de 2016, pero no la única, y la organización tiene preocupaciones más amplias sobre los “efectos sociales de la legalización”.
La marihuana recreativa estaría sujeta a un impuesto especial del 16 por ciento, que según la campaña generaría alrededor de 300 millones anuales para colegios comunitarios, seguridad pública, programas de salud pública e infraestructura y el Departamento de Servicios de Salud recibiría 20 millones por año para prevención, tratamiento de abuso de sustancias, salud mental y otros programas.
El número de licencias para vender marihuana recreativa se limitaría en función del número de farmacias con licencia en el estado y el Departamento de Servicios de Salud estaría autorizado a emitir un permiso de marihuana por cada diez farmacias en Arizona.
Smart and Safe Arizona debe recolectar 237 mil 645 firmas válidas antes del 2 de julio para calificar para la boleta de las elecciones generales de 2020.
Queda por ver qué tipo de oposición atraerá la campaña y si el gobernador Doug Ducey y la Cámara trabajarán tan duro para derrotar la iniciativa como lo hicieron en el 2016.
El fiscal general Mark Brnovich dijo en su momento que preferiría que la legislatura legalice la marihuana, en lugar de dejarla en manos de una iniciativa electoral, debido a que cualquier ley aprobada por los votantes está sujeta a la Ley de Protección al Votante, una disposición de la Constitución de Arizona que hace casi imposible enmendar.
La ley requiere un voto de tres cuartos en la legislatura para cambiar un estatuto protegido por los votantes, y cualquier cambio debe promover la intención de los votantes.
