El asesor del Condado de Maricopa, Paul Petersen, estuvo en una corte federal de Arkansas, donde enfrenta 19 cargos federales derivados de presuntos delitos vinculados a su negocio de adopción, se declaró inocente de todos los cargos y fue puesto en libertad bajo una fianza de 100 mil dólares.
El juicio de Petersen en Arkansas está programado para el 9 de diciembre y podrá regresar a Arizona y usando un brazalete de monitoreo GPS.
A Petersen solo se le permite viajar a Arizona, Utah y Arkansas, los tres estados donde enfrenta cargos y también se le prohibirá practicar la ley de adopción mientras esté bajo fianza.
Al final de su comparecencia, después de que el juez le aconsejó a Petersen que siguiera sus condiciones de liberación, Petersen dijo: “Su señoría no habrá otras violaciones”.
Varias personas de Islas Marshall asistieron a la audiencia de lectura de cargos de Petersen y se dineron insatisfechos de que se le concediera la libertad bajo fianza.
En tanto, la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa votó por unanimidad para suspender a Petersen, por presuntamente ejecutar un plan de tráfico de personas.
El asesor del condado, que es un funcionario electo, fue suspendido 120 días, el máximo por la ley estatal y podrá apelar.
“ El hecho de que Petersen no supervise de manera significativa las operaciones de su oficina durante un período prolongado y el uso indebido repetido de los recursos del Condado para llevar a cabo su práctica de derecho privado constituye negligencia en el cumplimiento del deber”, dijo la moción aprobada por la junta.
La junta tendrá que designar un asesor interino para dirigir la agencia durante la suspensión de Petersen.
Los auditores encontraron cientos de documentos relacionados con el negocio de adopción de Petersen en su computadora proveída por el Condado, un hecho citado por la junta en su decisión de suspenderlo.
El gobernador Doug Ducey y la junta pidieron a Petersen que renunciara poco después de su arresto, pero no ha mostrado ninguna intención de dejar su trabajo de 77 mil dólares al año.
La Junta ha estado buscando formas de expulsarlo legalmente porque la ley estatal solo permite una suspensión temporal por incumplimiento del deber por parte de un asesor o tesorero del condado.
El abogado de Petersen ha dicho que retirar a un funcionario electo de su cargo antes de una condena puede ser inconstitucional.
El representante estatal republicano Anthony Kern propuso un proyecto de ley que permitiría que un tesorero o asesor sea removido con un voto de dos tercios de la junta de supervisores del condado, pero la Legislatura no volverá a la sesión hasta enero.
