Una nueva orden de Trump negará visas a inmigrantes que no pueden probar que tendrán o pueden pagar su seguro de salud una vez que se conviertan en residentes permanentes de los Estados Unidos, según dio a conocer el influyente periódico New York Times; el más reciente movimiento para socavar la inmigración legal.
La orden afirma que los hospitales y proveedores de atención médica de Estados Unidos no están siendo reembolsados por el tratamiento de aquellos que no tienen seguro y los expertos creen que esta orden afectaría aproximadamente a medio millón de personas que típicamente solicitan inmigrar a los Estados Unidos cada año.
“Estos esfuerzos para sabotear la inmigración legal no solo son antiestadounidenses, sino que amenazan con dañar la economía de Arizona”, dijo Matt Grodsky, Director de Comunicaciones del Partido Demócrata de Arizona.
“Esta orden se produce en medio del Mes de la Herencia Hispana e irónicamente sigue la sugerencia reciente del Vicepresidente Pence de que los valores hispanoamericanos son sinónimos de esta administración. Nada podría estar más lejos de la verdad”, agregó.
Según el Centro de Investigación Pew, el 77 por ciento de los inmigrantes están en el país legalmente y el segundo país de origen más grande para los nuevos inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos es México con 124 mil personas.
Los inmigrantes legales constituyeron la mayoría de la fuerza laboral de inmigrantes con 21.2 millones en 2017. También se proyecta que los inmigrantes impulsarán el crecimiento futuro de la población en edad laboral en el país hasta al menos 2035.
La Casa Blanca dijo que la proclamación entrará en vigencia el 3 de noviembre.
Casarse ya no es garantía
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus sigla en inglés) encabeza una demanda de varios inmigrantes que fueron detenidos por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus entrevistas para la residencia permanente.
La organización indicó que hay un número creciente de oficiales han “torcido cruelmente las reglas” al detener a los cónyuges inmigrantes después de las entrevistas de matrimonio con oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La ACLU lleva casos en Maryland y Massachusetts, pero reporta que hay docenas de detenciones en las oficinas locales en Nueva York, Virginia, Florida, Illinois y California.
