Decenas de demócratas de la Cámara de Representantes llamaron al Departamento de Defensa para que investigue la legalidad de la decisión del presidente Donald Trump de desplegar miles de tropas en servicio activo y de la Guardia Nacional en la frontera entre Estados Unidos y México.
La llamada se produce 18 meses después de que Trump envió guardias para ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a manejar lo que llamó una crisis en la frontera, y un año después de que reforzó ese esfuerzo enviando soldados en servicio activo.
Los demócratas dicen que no solo las tropas están mal equipadas para manejar los problemas fronterizos, sino que su despliegue “militariza” a las comunidades fronterizas y podría violar una ley que prohíbe el uso de las fuerzas militares para la aplicación interna sin la aprobación del Congreso.
“Este despliegue plantea serias preocupaciones sobre el papel que nuestras tropas están jugando en la frontera y amenaza con erosionar las normas duraderas que mantienen separadas las funciones del ejército de las fuerzas del orden nacionales”, dijo Raúl Grijalva, representante de Tucson.
Una carta fue firmada por 34 miembros demócratas de la Cámara de los Estados Unidos que pedían al inspector general del Departamento de Defensa que investigara los despliegues, el nivel de entrenamiento que recibieron las tropas y la justificación legal de la administración para el despliegue.
El Pentágono confirmó alrededor de dos mil 900 miembros del servicio activo y otras dos mil 200 tropas de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur para desempeñar funciones de apoyo: enhebrar alambre de púas, proporcionar transporte, participar en la vigilancia y otros trabajos, pero no deben involucrar a los migrantes.
Trump pidió por primera vez el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en abril de 2018. Dijo que ayudarían al Departamento de Seguridad Nacional a combatir “las drogas ilegales, la actividad peligrosa de las pandillas y la extensa inmigración ilegal”.
California y Nuevo México se resistieron, pero el gobernador de Texas Greg Abbott y Ducey rápidamente aceptaron el despliegue, que está financiado por el gobierno federal.
Los demócratas dicen que la presencia militar en la frontera está perjudicando a las comunidades, donde puede haber más soldados que la policía local y donde los residentes pueden enfrentar múltiples puntos de control, lo que lleva a una falta de inversión empresarial y reduce la moral en las comunidades fronterizas de Arizona y otros estados, según Grijalva.
“Ahora ha creado un mito y un estereotipo en toda la nación que de alguna manera estas comunidades en la frontera son lugares infestados de crimen, violentos y peligrosos cuando no lo son”, finalizó Grijalva.
