La Corte Suprema de los Estados Unidos dijo el miércoles que la administración Trump puede continuar su práctica de devolver a los solicitantes de asilo a México a lo largo de toda la frontera sur mientras las autoridades de inmigración procesan sus reclamos.
En una breve orden no firmada, el tribunal dijo que la ejecución puede continuar mientras los jueces deciden si escuchar una apelación de fallos de tribunales inferiores que declararon ilegal el programa. Solo la jueza Sonia Sotomayor dijo que habría negado el permiso.
La política, conocida como los Protocolos de Protección Migratoria, o “Permanecer en México”, se lanzó en enero de 2019 y durante los 13 meses que estuvo en pleno funcionamiento, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a México a más de 60 mil inmigrantes mientras esperaban noticias de sus procedimientos de deportación.
Pero en respuesta a los desafíos del grupo de libertades civiles, un tribunal federal dijo que la aplicación del programa sería bloqueada en California y Arizona a mediados de marzo.
Al instar a la Corte Suprema a que permita la ejecución mientras el gobierno apela las órdenes de la corte inferior de cerrarla, el Departamento de Justicia dijo que “ha sido una herramienta enormemente eficaz e indispensable” en los esfuerzos para “abordar la crisis migratoria en nuestra frontera suroeste”.
Cuando el programa se detuvo temporalmente en todo el país por orden judicial, el DHS enfrentó el caos, dijo el gobierno a la Corte Suprema, con un aumento repentino de migrantes en México que llegaron a los puertos de entrada a lo largo de la frontera.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, dictaminó el 4 de marzo que el programa violaba la ley federal y que la ejecución tendría que terminar en California y Arizona el 12 de marzo, a menos que el Tribunal Supremo emitiera una orden que permitiera continuar mientras el gobierno prepara una apelación.
El tribunal dijo que la evidencia incontestada “establece que los no mexicanos que regresaron a México bajo el MPP corren el riesgo de sufrir daños sustanciales, incluso la muerte, mientras esperan la adjudicación de sus solicitudes de asilo”.
Debido a que Nuevo México y Texas están fuera del Noveno Circuito, el fallo de la corte de apelaciones no se aplicó en esos estados, y el programa ha continuado allí.
La ACLU instó a la Corte Suprema a bloquear la aplicación de la política. Los solicitantes de asilo que regresaron a México “están expuestos a secuestros, asaltos, violaciones y otros ataques violentos por ser inmigrantes no mexicanos”. También dijo que la política viola los requisitos federales al exponer a los migrantes que buscan asilo a una posible persecución o tortura si regresan a México.
“El Tribunal de Apelaciones declaró inequívocamente que esta política era ilegal. La Corte Suprema también debería hacerlo. Los solicitantes de asilo enfrentan un grave peligro y un daño irreversible todos los días que esta política depravada sigue vigente “, dijo Judy Rabinovitz, abogada especial del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, después de la decisión de la Corte Suprema.