Tras decretarse el fin del año escolar, la orden ejecutiva de quedarse en casa por parte del gobernador Doug Ducey, el aumento del desempleo, la galopante crisis económica y el incremento de casos positivos y muertes, lo único que resta es seguir las instrucciones de las autoridades, desechar el temor y no perder la fe de que el temporal del COVID-19 también pasará.
La doctora Cara Christ, titular del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (AZDHS, por sus siglas en inglés) estimó que en el estado se vería el pico de casos positivos de coronavirus, a finales del mes de abril y a nivel nacional se ha estimado que el número de positivos superaría el millón y se tendrían entre 100 y 240 mil bajas.
Al cierre de la edición, Arizona presentaba mil 413 casos positivos y 29 muertes y Estados Unidos llegaba a los 200 mil positivos y las 4 mil muertes, rebasando a China en ambas estadísticas.
En una carta al presidente Donald Trump, el gobernador Doug Ducey solicitó una declaración presidencial de desastre mayor del gobierno federal, para extraer los recursos federales necesarios para reforzar la respuesta a la pandemia.
De aprobarse, se lograría la atención de salud mental ampliada, habría subvenciones para reducir el riesgo de pérdida de vidas o bienes durante futuras emergencias, así como asistencia legal y alimentaria por medio de SNAP a familias de bajos ingresos.
Los daños colaterales
Además de la crisis económica por el creciente desempleo tras el cierre de miles de pequeñas empresas y el desabasto de productos de primera necesidad, otros riesgos empiezan a surgir, como la alza en casos de violencia doméstica derivado de la ansiedad y la incertidumbre generadas por la propia problemática y el encierro.
El Buro Federal de Investigaciones (FBI) también ha llamado a la comunidad a extremar precauciones con los contenidos que los niños y adolescentes están consumiendo a través de internet, atrapados por el cierre de las escuelas.
“La explotación sexual en línea tiene muchas formas y los depredadores pueden obligar a las víctimas a proporcionar imágenes o videos sexualmente explícitos de sí mismas, y después son chantajeados con enviarlas a los amigos y familiares de las víctimas”, dice un comunicado del FBI.
Señalan que los delincuentes pueden hacer contacto casual con niños en línea, ganarse su confianza e introducir una conversación sexual que aumenta con el tiempo en forma notoria y en última instancia, esta actividad puede resultar en mantener una relación en línea que incluye conversación sexual e intercambio de imágenes, para finalmente forzar el encuentro en persona.
Igualmente el FBI advirtió que con los delincuentes no descansan durante la crisis y buscan nuevas formas para seguir estafando a través de llamadas, o correos electrónicos supuestamente enviados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ofreciendo vacunas o curas milagrosas.
Ayuda disponible
Con la llegada del nuevo mes, miles de arizonenses que han visto mermados sus ingresos por la crisis, se ven en dificultades para pagar sus hipotecas o rentas, además de los recibos de servicios elementales.
Igualmente los pequeños comerciantes se ha visto forzados a cerrar sus negocios y los restaurantes han sido limitados al servicio para llevar, lo que les ha pegado fuertemente en sus ingresos.
Al respecto, el gobierno del estado anunció que se ha asociado con los bancos estatales para proteger a las pequeñas empresas y las familias del desalojo y la ejecución hipotecaria.
Según el acuerdo, los bancos suspenden los desalojos y ejecuciones hipotecarias durante al menos 60 días, con la posibilidad de extender ese período por la duración de la declaración de emergencia del estado.
Los bancos también se comprometieron a acelerar la solicitud y aprobación de préstamos para pequeñas empresas como parte del Programa de Protección de cheques de pago de 349 mil millones aprobado por el Congreso y promulgado la semana pasada.
Se emitió una orden ejecutiva que retrase la ejecución de las órdenes de acción de desalojo para inquilinos afectados por COVID-19 que enfrentan dificultades económicas y permanecerá vigente durante 120 días.
Se anunciaron además 5 millones de dólares en nuevos recursos para ayudar a los arizonenses que luchan por pagar el alquiler.
Se logró también un acuerdo on las empresas de servicios de electricidad más grandes del estado para continuar proporcionando electricidad a los hogares, hospitales y negocios.
El gobernador Ducey declaró que “ninguna familia, individuo o pequeña empresa debe enfrentar el desalojo o perder servicios críticos debido a las dificultades causadas por el COVID-19”.
El Departamento de Vivienda de Arizona ofrece asistencia para quienes luchan por hacer los pagos de la hipoteca a través del programa “Save Our Home AZ” (SOHAZ) y también ofrecen asistencia con la renta a través de su nuevo Programa de Asistencia para la Prevención del Desalojo.
Puede obtener más información llamando al (602) 771-1000, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o visitando housing.az.gov.
Igualmente el sitio web, ArizonaTogether.org, sirve como ubicación centralizada para que los residentes de Arizona encuentren ayuda o brinden apoyo y la línea 211 ofrece todo tipo de información tanto en inglés como en español.
Viene lo más difícil
El presidente Donald Trump advirtió a los estadounidenses que: ™Van a ser unas dos semanas muy difíciles∫, haciendo referencia al creciente número de muertos que ha registrado ya Estados Unidos por el Coronavirus.
Por su parte el Dr. Anthony Fauci dijo que:
™Debemos estar preparados para sufrir la muerte de hasta 240 mil personas en el país∫, aunque si se respeta el distanciamiento social, quizá la cifra cambie.
™No hay una fórmula, ni hay vacuna ni terapias mágicas, lo que tenemos son nuestras acciones durante los próximos 30 días∫, dice la Dra. Deborah Birx, del equipo gestor de la pandemia designado por la Administración Trump.
Además, explicó que Estados Unidos lleva un patrón ™exacto∫ al de Italia, respecto a la evolución de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos por el crecimiento en infecciones sobre la población mayor de 65 años con enfermedades preexistentes.