El Movimiento de Derechos Humanos de Puente completó dos mil firmas y organizó una manifestación fuera de la Oficina del Departamento de Correcciones de Arizona (ADOC, por sus siglas en inglés) luego que 20 empleados de las cárceles y 17 internos resultaron positivos al COVID-19.
“Continuamos asegurándonos de que los centros de detencióny las cárceles que conforman el sistema de criminalización (inmigración y justicia penal) tomen las medidas necesarias para garantizar que no se conviertan en trampas de muerte”, señaló Michelle Ruiz organizadora de Puente, Movimiento por los Derechos Humanos.
Esta fue una de las paradas en una serie de ubicaciones en las cárceles del estado que exigen que ADOC detenga un brote creciente de coronavirus, al proporcionar atención médica adecuada y liberar a las personas detenidas por delitos menores.
A las personas detenidas en estas instalaciones solo se les proporciona una barra de jabón de 4 pulgadas durante dos semanas, no hay procedimientos de desinfección adecuados.
Además, sigue habiendo un intercambio de personas detenidas entre las cárceles a la prisión y los patios, no se usan máscaras en el enfermería permitiendo pacientes con trastornos inmunes en peligro, señalaron los manifestantes.
La semana pasada, 200 personas encarceladas en la instalación correccional de Marana escribieron una carta al gobernador Ducey solicitando su liberación por temor a estar atrapadas en una trampa mortal y morir como resultado de COVID-19.
El gobernador Ducey y el director Shinn no toman el liderazgo necesario para liberar a nuestros seres queridos, aplanar la curva y asegurarse de que todas las comunidades estén seguras y saludables durante esta pandemia.
