Las trabajadoras sociales Stefanie Rodrigez, de 35 años, y Patricia Clement, de 59, así como sus respectivos supervisores, Kevin Bom, de 41 años, y Gregory Merritt, de 64, fueron acusados del delito de abuso infantil y falsificación de registros.
El despido se produciría seis meses después de que un tribunal de apelaciones de California desestimó los cargos en su contra en el caso.
En una decisión 2-1, los jueces del Tribunal de Apelaciones del 2do Distrito dictaminaron que los trabajadores sociales no podían ser acusados porque “nunca tuvieron el deber requerido de controlar a los abusadores y no tuvieron cuidado o custodia de Gabriel”, los Angeles Times informó.
La oficina del fiscal anunció por primera vez los cargos contra los cuatro el 7 de abril de 2016, después de que se presentaron órdenes de arresto el mes anterior.
En ese momento, los fiscales argumentaron que los trabajadores sociales tenían un “deber legal” de proteger a Gabriel una vez que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles abrió un caso de abuso.
“Al minimizar la importancia de las lesiones físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel, estos trabajadores sociales permitieron que un niño vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado”, había dicho el fiscal de distrito Jackie Lacey en un comunicado.
Los fiscales creían que los cuatro fueron “negligentes desde el punto de vista criminal” y mostraron “desprecio deliberado” por el bienestar del niño de Palmdale mientras realizaban sus deberes, según Lacey.
Gabriel murió en mayo de 2013 después de soportar meses de abuso y tortura a manos de su madre y su novio porque creían que era homosexual, dijeron los fiscales en el juicio.
Fue golpeado, azotado, quemado con cigarrillos, le dispararon varias veces con una pistola B.B., lo obligaron a comer heces de gato y lo encerraron en la caja durante días, según los fiscales y el testimonio de testigos.
Su madre, Pearl Fernández, fue sentenciada a cadena perpetua en 2018 después de declararse culpable de asesinato en primer grado. Su novio, Isauro Aguirre, fue condenado a muerte después de ser condenado en 2017 por asesinato en primer grado con una denuncia de tortura.
Se espera que el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, George Lomeli, que presidió ambos juicios por asesinato, desestime los cargos contra los trabajadores sociales a las 8:30 a.m. del jueves, según el comunicado de prensa del fiscal de distrito.
Lomeli había negado previamente una moción para retirar los cargos en septiembre de 2018.
“He pasado mucho tiempo, no hace falta decirlo, sobre el caso”, dijo en ese momento. “Esto no es algo que hice por el asiento de mis pantalones”.