Después de 3 años de vivir en la incertidumbre, miles de “soñadores” finalmente podrán presentar su solicitud para estar protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Pero deberán presentar su solicitud en las próximas dos semanas para asegurar que el gobierno federal acepte su aplicación, porque el 22 de diciembre DACA enfrenta un nuevo reto legal en cortes federales.
La resolución de un juez federal de distrito de Nueva York de regresar el programa DACA a su estado original abrió la ventana para que los jóvenes, que no se pudieron inscribir a la protección después del 2017, ahora puedan hacerlo.
El juez federal Nicholas Garaufis ordenó el viernes por la noche que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) vuelva a aceptar nuevas solicitudes de DACA y de advance parole, para viajar al extranjero; así como extender nuevamente la protección del estatus y los permisos de trabajo a dos años.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció en septiembre del 2017 que cancelaría DACA y dejó de recibir nuevas solicitudes. Esto desató una serie de querellas que lograron mantener el programa a salvo, pero dejó a nuevos solicitantes fuera de él.
Desde entonces, unos 300,000 jóvenes elegibles se quedaron sin protección de DACA a pesar de que ya cumplían con los requisitos, de acuerdo con datos de la organización proinmigrante America’s Voice.
El lunes por la noche, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó su aceptación a la orden del juez Garaufis para que acepte nuevamente solicitudes de primera vez de DACA, así como los documentos de “advance parole” para viajar al extranjero y restituir nuevamente a dos años el estatus y los permisos de trabajo.
Sin embargo, el DHS dejó en claro que estas medidas pueden ser temporales mientras define si buscará o no que se suspendan, mediante otra querella judicial.
“El DHS cumplirá con la orden del Juez Garaufis mientras esté en vigor, pero el DHS puede pedir un remedio a la orden”, indicó el DHS en su comunicación.
DACA no está a salvo
A pesar de que la resolución del juez Garaufis del DIstrito Este de Nueva York de que se restaure el programa DACA a su estado original dio un respiro a activistas y jóvenes que buscan la protección, esto podría ser solo una ventana.
La situación puede cambiar en unos días porque DACA enfrenta un nuevo desafío legal este mes.
Andrew Hanen, juez federal del Distrito Sur de Texas, tendrá una audiencia el 22 de diciembre para desahogar un recurso promovido por el gobierno de Texas, que busca declarar DACA como un programa ilegal.
Activistas y abogados de inmigración como Emilia Bañuelos, han expresado su preocupación si el juez Hanen emite un fallo contra DACA.
“Esto es una ventana y puede ser que después del 22 de diciembre (DACA) sea declarado ilegal, por eso les decimos (a los posibles solicitantes) que es urgente que metan su solicitud ahora y antes de esa fecha”, dijo Bañuelos.
Por su parte el abogado Yasser Sánchez indicó que la orden del juez Garaufis fue que USCIS acepte de inmediato nuevas solicitudes de DACA, extender nuevamente la duración a dos años y volver a tomar solicitudes de advance parole para salir del país.
Esta orden se da aun sin que la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos tenga que emitir nuevos lineamientos a través de USCIS, debido a que la orden fue regresar el programa a su forma original.
“Los interesados se tienen que apurar a meter su solicitud ya, antes del 22 de diciembre, porque esta es una ventana que se abrió ahora”, dijo Sánchez.
Otra posibilidad es que el gobierno del presidente Donald Trump impugne la resolución del juez y busque suspenderla, lo que tomaría algún tiempo.
¿Quiénes pueden solicitar?
Solicitantes deben cumplir requisitos:
Haber sido menor a 31 años al 15 de junio del 2012
Haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad
Haber vivido en Estados Unidos de manera continua desde el 15 de junio del 2007 hasta el presente
Haber entrado a Estados Unidos o estar fuera de estatus migratorio antes del 15 de junio del 2012 y al momento de solicitar.
Estar en la escuela, haberse graduado o tener un certificado GED o tener baja honorable como veterano de las Fuerzas Armadas
No haber sido condenados por un delito grave, un delito menos significativo, tres o más delitos menores y que no representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública
Pagar el costo de la solicitud de $495
