Una coalición bipartidista de 51 fiscales generales, encabezada por el fiscal general de Arizona Mark Brnovich y el fiscal general de Nueva Jersey Gurbir Grewal, envió una carta instando al Congreso a aprobar una legislación para proteger la seguridad de los jueces federales y sus familias.
“Las amenazas a los miembros del poder judicial están aumentando y exhorto al Congreso a aprobar esta importante legislación para ayudar a evitar que ocurra otra tragedia”, dijo el general Brnovich.
Dirigida a los líderes de los Comités Judicial de la Cámara y el Senado, la carta respalda la aprobación de la Ley de Privacidad y Seguridad Judicial Daniel Anderl o una legislación similar. El proyecto de ley protegería la confidencialidad de la información de identificación personal de los miembros del poder judicial federal en los registros públicos y limitaría la distribución de esa información en línea y por intermediarios de datos.
El Procurador General Brnovich y sus colegas califican la aprobación de dicha legislación como un asunto “urgente” a raíz de los ataques y las crecientes amenazas contra miembros del poder judicial federal, y señalan que la legislación cuenta con el apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso.
La Ley de Seguridad Judicial Daniel Anderl lleva el nombre de Daniel Anderl, de 20 años, hijo fallecido de la jueza Esther Salas del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Daniel fue asesinado el 19 de julio de 2020, cuando un abogado trastornado que había aparecido en un caso ante el juez Salas apareció en su casa y le disparó a Daniel y al marido del juez Salas. El marido del juez resultó gravemente herido pero sobrevivió al ataque.
La carta al Congreso recuerda que cuatro jueces federales han sido asesinados desde 1979, incluido el juez de distrito John Wood, el juez de distrito Richard Daronco, el juez de circuito Robert Vance y el juez de distrito de Arizona John Roll. Además, dos familiares de la jueza de distrito Joan Lefkow murieron en un ataque selectivo contra su casa en 2005.
La carta señala que los incidentes, las comunicaciones inapropiadas y las amenazas contra jueces federales y otras personas protegidas por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, han aumentado constantemente en los últimos años, como lo demuestra un aumento en tales incidentes de 2.357 en 2016 a 4.449 en 2019.
“Cada vez más, los servidores públicos están siendo amenazados con violencia física y muerte simplemente por cumplir con sus deberes de acuerdo con el juramento que hicieron de respetar la Constitución”, dice la carta.