Como mencionábamos anteriormente, las expectativas de los familiares de un paciente gravemente enfermo son muy altas, no se analizan factores negativos independientes de la capacidad del staff médico como son la falta de recursos, tecnología adecuada y presupuesto de la institución. De esta manera, si los resultados son adversos se provoca la respuesta emocional inmediata por parte de los familiares que es buscar al culpable de la tragedia no esperada, por lo general el responsable de esta adversidad es el médico que incurrió en la negligencia durante el tratamiento y no cumplió con el estándar en el cuidado a la salud, por lo tanto es un caso criminal que merece una queja formal en la Procuraduría Estatal o Federal ante la cual el oficial en turno en su afán por aparecer como defensor de los desprotegidos y por cubrir su propia retaguardia recurre a la Comisión de los Derechos Humanos, otra agencia formada por oligofrénicos que de medicina saben lo que los políticos de honestidad; estos dos grupos de guerreros primates subhumanos inmediatamente se aprestan a buscar a los chivos expiatorios que faciliten su misión frente al erario público. Todo esto ocurre generalmente antes de cualquier intervención de la Comisión de Arbitraje Médico o de la revisión del caso por parte del Consejo Médico de la Institución que generalmente mes con mes revisa los casos en los que pudo haber faltas al estándar de atención al paciente. En caso de que haya habido negligencia profesional se procede a penalizar al profesional con una carta de atención o se le exige entrenamiento extra, se limitan sus privilegios o se procede a la suspensión temporal o permanente en casos serios de negligencia. Debe quedar claro que los derechos y responsabilidades de médicos y pacientes pertenece a manos de gente preparada para hacer un juicio médico, de ninguna manera oficiales de la Procuraduría o de la Comisión de Derechos Humanos que carecen de conocimientos y autoridad moral deberán intervenir de primera línea en estos procesos. Varias cárceles en México mantienen a mujeres presas acusadas de abortos provocados cuando es sabido que estas pobres indígenas frecuentemente abortan de manera espontánea debido a su desnutrición ancestral y a la carencia de cuidado prenatal.
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