El presidente Joe Biden firmó tres importantes órdenes ejecutivas destinadas a revertir algunas prácticas de inmigración de línea dura de Donald Trump, además del congelamiento de deportaciones por 100 días y la finalización de la declaratoria de emergencia fronteriza, que detuvo la construcción del muro.
“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la administración anterior, de literalmente arrancar a los niños de los brazos de sus familias en la frontera sin ningún plan para nuevamente reunirlos”, señaló el Presidente.
Una orden ejecutiva creará un grupo de trabajo presidido por el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alex Mayorka, para reunir a los niños que fueron separados de sus padres bajo la política de “tolerancia cero” de Trump, que la nueva administración calificó como una “falla moral”.
“No estoy haciendo la ley. Estoy eliminando las malas políticas, el presidente anterior emitió órdenes ejecutivas que son muy contraproducentes para nuestra seguridad y para nuestro país”, afirmó.
La nueva acción ejecutiva no aclara cuáles familias migrantes serán elegibles para la reunificación, sólo que el grupo de trabajo será responsable de “identificar a todos los niños menores de edad que fueron separados de sus padres o tutores legales en la frontera entre Estados Unidos y México.
Una demanda federal en el Distrito Sur de California identificó a más de 600 niños que no han podido reunificarse con sus padres desde antes del 6 de abril de 2018, cuando Jeff Sessions, el entonces fiscal general, anunció el inicio del programa.
No aborda si los padres que han sido deportados recibirán protecciones especiales para regresar a los Estados Unidos a reunirse con sus hijos y sólo se dijo que “cada familia será evaluada de forma individual, teniendo en cuenta el bienestar de los niños”.
La segunda acción ejecutiva evaluaría lainmigración legal, terminada por Trump, como el Programa de Menores Centroamericanos, que permitía que ciertos niños de la región se unieran legalmente con familiares ya radicados en el país.
La orden también revisaría la política de “Permanecer en México” de la administración Trump, que ha dejado a decenas de miles de solicitantes de asilo viviendo en precarias condiciones en el norte de México mientras esperan audiencias judiciales para presentar sus casos.
La tercera acción ejecutiva indicará al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que revisen las políticas implementadas bajo Trump para determinar si están en línea con el deseo de promover la “integración e inclusión”.
También iniciará una revisión de la política conocida como “carga pública”, que castiga a los inmigrantes legales que usan los beneficios públicos al perjudicar sus posibilidades de recibir sus tarjetas de residencia permanente.
