Se espera que los costos para los contribuyentes de una demanda por discriminación racial derivada de las patrullas de inmigración del ex alguacil Joe Arpaio en el área metropolitana de Phoenix hace una década alcancen los $ 202 millones para el verano de 2022.

Los funcionarios aprobaron el lunes un presupuesto provisional del condado que proporciona $ 31 millones para el costo de cumplir con las órdenes judiciales en el año fiscal que comienza el 1 de julio. Nadie puede decir exactamente cuándo comenzarán a disminuir los costos de la demanda de 13 años.

El crecimiento en el gasto “es suficiente para hacernos llorar a cualquiera de nosotros mientras intentamos ser administradores fiscales del dinero de los contribuyentes del condado”, dijo el supervisor Clint Hickman.

Los contribuyentes en el condado más poblado de Arizona están enganchados por las facturas de los abogados y los costos de cumplir con las masivas revisiones ordenadas por la corte de la oficina del alguacil después de que un veredicto de 2013 concluyera que los oficiales de Arpaio habían perfilado a latinos en patrullas de tráfico dirigidas a inmigrantes.

Arpaio, conocido por un enfoque duro contra el crimen en sus 24 años como alguacil que incluyó obligar a los reclusos a usar ropa interior rosa y alojarlos en tiendas de campaña en el calor del desierto de tres dígitos, apuntó a la inmigración ilegal y fue condenado por desacato criminal por desobedecer a una ley. orden judicial para detener sus patrullas de inmigración. Su condena por delito menor fue posteriormente indultada por el entonces presidente Donald Trump.

Se espera que el gasto de los contribuyentes continúe hasta que la oficina del alguacil del condado de Maricopa haya cumplido por completo con la revisión de sus operaciones de control de tráfico y asuntos internos durante tres años consecutivos.

Aunque algunas de las cifras de la agencia están cerca o en el 100%, la oficina del alguacil aún no se ha considerado totalmente compatible.

Los abogados que presionaron el caso contra la oficina del alguacil han criticado a la agencia por realizar estudios de detenciones de tráfico desde que el veredicto de elaboración de perfiles muestra que los oficiales a menudo tratan a los conductores hispanos y negros de manera diferente a otros conductores, aunque los informes no llegaron a decir que los latinos todavía estaban siendo perfilados.

Los abogados también han pedido a un juez que celebre audiencias civiles por desacato al tribunal contra el sucesor de Arpaio, el alguacil Paul Penzone, debido a una acumulación de más de 1.700 casos de asuntos internos, cada uno de los cuales demora un promedio de 500 días en completarse.

La oficina de Penzone dijo que los fondos y los empleados contratados como parte del esfuerzo de revisión deberán permanecer en su lugar una vez que se considere que la agencia cumple en su totalidad.

“Efectivamente, este es el nuevo ‘estándar de vigilancia’ y la mayor parte de este financiamiento deberá permanecer en el presupuesto de MCSO”, dijo la oficina del alguacil. “MCSO está trabajando diligentemente para cumplir plenamente con las órdenes de la Corte”.

Raúl Piña, quien es miembro de una junta asesora comunitaria establecida para ayudar a mejorar la confianza en la oficina del alguacil, dijo que los fondos son necesarios para que la agencia pueda respetar los derechos constitucionales de los hispanos.

“Por supuesto, estamos cansados ​​de pagar, pero si usted es un operador de vehículos hispano, está cansado de que lo perfilen racialmente al mismo tiempo, y la agencia no tiene prisa por detener eso”, dijo Piña.

Las patrullas de inmigración de Arpaio, conocidas como “redadas”, involucraron a un gran número de agentes del alguacil que convergieron en un área del área metropolitana de Phoenix, incluidos algunos vecindarios latinos, en el transcurso de varios días para detener a los infractores de tráfico y arrestar a otros infractores.