Eran las seis de la tarde del martes 15 de junio, una temperatura cercana a los 46 grados centígrados se podía sentir en Phoenix, en la explanada del Capitolio Estatal, un grupo de jóvenes se manifestaba en una celebración y a la vez protesta, nueve años del inicio del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Muchos de ellos ya son adultos, otros son aún adolescentes, pero todos aún se encuentran en una especie de limbo migratorio, sin una solución al estatus temporal que les da el programa creado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama.
Una piñata gigante con el número 9, miembros de distintas organizaciones como la Arizona Dream Act Coalition, Poder Latinix, Corazón, Farm Workers, entre varias más se dieron cita. No eran muchos, pero si los suficientes para hacer sentir su voz.
Adonías Arévalo, director nacional de Poder Latinix, 9 años ya en la lucha, destacó el calor abrazador, pero es más fuerte el deseo de participar y sacar adelante la lucha.
“Muy contento un año más, pero estamos emocionados y desconsolados a la misma vez, para poder lograr que pueda pasar una solución para los miles de personas que se beneficiarían”, dijo.
Una pieza clave es el Senado en Washington para pasar una vía para que estos jóvenes aspiren a una residencia o ciudadanía, pero nada se ha movido y más aún que esto podría quedarse estancado por la negativa de los Republicanos y de incluso algunos Demócratas como la senadora Sinema por Arizona quien ha hecho oídos sordos ante este asunto.
“En este momento seguimos presionando a ambos de nuestros senadores para que participen para que ambos de nuestros senadores participen y apoyen nuestra causa, ya hemos entablado pláticas con Mark Kelly, pero Sinema no nos quiere recibir”, mencionó.
El Congreso prometió brindar una solución permanente a los soñadores y a los jóvenes indocumentados, pero DACA está en el limbo mientras el juez texano Andrew Hanen continúa impugnando la constitucionalidad del programa.
Mientras el Senado inició audiencias orales sobre la ley H.R.6 Dream & Promise. H.R.6 que permitiría a casi 650,000 beneficiarios de DACA, así como a los 1,6 millones de jóvenes indocumentados elegibles traídos a Estados Unidos cuando eran niños, un camino hacia la ciudadanía.
“Han pasado casi 10 años desde la primera audiencia de Dream Act en 2011. Diez años después ahora tengo DACA y muchos de los jóvenes con los que trabajo siguen sin las protecciones de DACA o un camino hacia la ciudadanía. Mientras miran la audiencia HR6, por favor piensa en nosotros. Somos personas reales con vidas, no negociaciones políticas”, dijo Reyna Montoya, fundadora y CEO de Aliento.
Unos si, otros no
La vicepresidenta, Kamala Harris, se reunió con un grupo de mujeres beneficiarias de DACA, coincidiendo con el noveno aniversario de la creación del programa, mientras el Senado celebra además una sesión sobre un proyecto de ley que busca dar estatus legal permanente a estos jóvenes y que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista.
Pero senadores republicanos se oponen al proyecto de ley que daría una vía para conseguir la ciudadanía a millones de inmigrantes, entre ellos los llamados “soñadores” y los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés).
El principal motivo, según el senador Chuck Grassley, el republicano de mayor rango del Comité Judicial del Senado, es que la propuesta legislativa no tiene ninguna cláusula que pretenda reforzar la seguridad fronteriza del país.
Añadió que “desafortunadamente, la Administración Biden no parece tomarse en serio” esa cuestión, como “tampoco lo intentan” los proyectos de ley que se están debatiendo.
El senador por Iowa consideró que la propuesta de ley brindaría una vía a la ciudadanía “a millones de inmigrantes ilegales que no tienen ninguna conexión con el programa DACA”.
El proyecto de ley H.R.6, que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, podría abrir el camino a la ciudadanía a cerca de 4,5 millones de “soñadores”, titulares de TPS y personas amparadas por el llamado DED (Deffered Enforced Departure) o “Salida Obligatoria Diferida”, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).
En la misma línea que su colega se expresó el senador conservador John Cornyn, que era una de las esperanzas de los demócratas para que el proyecto de ley sea aprobado próximamente en el Senado.
En el Senado hay un empate entre demócratas y republicanos, con 50 escaños cada uno de los dos partidos, pero la H.R.6 necesita del apoyo de al menos 10 conservadores, algo complicado de lograr a pesar de que las encuestas muestran un mayoritario apoyo a dar la ciudadanía a “soñadores” y “tepesianos”.