Aunque la mayoría de los desalojos en Arizona se han evitado debido a las reglas estatales y federales promulgadas en respuesta a la pandemia, miles de arizonenses podrían quedarse sin techo que expire la nueva moratoria propuesta por los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, firmó una orden que determina que los desalojos de los inquilinos por no pagar el alquiler o la vivienda podrían ser perjudiciales para las medidas de control de salud pública para frenar la propagación del COVID-19.
Esta orden vencerá el 3 de octubre de 2021 y se aplica en los condados de todo el país que experimentan niveles elevados y sustanciales de niveles de transmisión comunitaria, entre ellos del de Maricopa.
La moratoria de desalojo otorga tiempo adicional para que el alivio del alquiler llegue a los inquilinos y aumente las tasas de vacunación, e impide a los agentes sacar a las personas de sus residencias, incluso si un tribunal determina la justificación el desalojo; en 2020 en el condado de Maricopa, se presentaron más de 11,000 órdenes de restitución y en lo que va de 2021, se han presentado más de 4,000.
Enrique Medina Ochoa, juez de paz del precinto del Centro de Phoenix, expresó su preocupación, señalando que serán miles de órdenes de desalojo las que serán giradas.
“Tan sólo en el Precinto del Centro hemos recibido hasta 200 solicitudes de desalojo por semana y los números son similares en todas las cortes del Condado de Maricopa, es preocupante el número de familias que podrían ser desalojadas”, dijo.
Pese a que todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el ayuntamiento de Phoenix, han ofrecido programas de ayuda con renta y gastos de servicios, aun hay miles de personas que no han encontrado alivio.
“Desde la falta de información hasta la burocratización de la ayuda, han provocado que miles de familias se hayan quedado sin la ayuda de millones de dólares disponibles, se debe aumentar el esfuerzo por llegar a las comunidades más afectadas, entre ellas la hispana”, consideró Medina Ochoa.
Desde que comenzó la pandemia, los propietarios han seguido llevando a los inquilinos a los tribunales y obteniendo órdenes de restitución, esencialmente el permiso legal para desalojar a alguien. Y esos autos de restitución, a veces denominados órdenes de cierre patronal, se han ido acumulando como moratorias de los desalojos, primero por el gobernador Doug Ducey y luego por el Congreso, impidieron que se hicieran cumplir para que las personas no se quedaran sin hogar en medio de una pandemia mortal.
Hay ayuda
El Condado de Maricopa todavía tienen decenas de millones de dólares de ayuda federal para entregar durante a quienes necesiten ayuda, mientras que los ayuntamientos de Phoenix, Chandler, Gilbert, Mesa y Glendale operan sus propios programas de asistencia para el alquiler y los servicios públicos.
El director de Servicios Humanos del Condado de Maricopa, Bruce Liggett, dice que el programa del condado es para residentes en cualquier otra ciudad y áreas no incorporadas y aquellos que necesiten asistencia deben tener todos sus documentos listos cuando soliciten ayuda.
“Necesitamos conocer los ingresos de cada adulto en el hogar y también la información del propietario. También depende del nivel de necesidad, ya que las personas con los ingresos más bajos tienen prioridad”, dijo Liggett.
La oficina del Departamento de Servicios Humanos se pondrá en contacto para ayudar a aquellos que ya han iniciado una solicitud para que finalicen la solicitud y Liggett dice que los nuevos requisitos hacen que el proceso demore más.
“Descubrimos que estos casos, debido al aumento de los requisitos federales de documentación, copias de contratos de arrendamiento, información de los propietarios para poder realizar un pago, están demorando el doble de lo que solían tardar”, finalizó.