Las empresas que llevan a cabo la controvertida revisión de las elecciones en el condado de Maricopa no tendrán que entregar documentos y comunicaciones internas mientras el Senado apela el fallo de un juez que ordena que se publiquen bajo la ley de registros públicos de Arizona.
Un juez del condado de Maricopa dictaminó la semana pasada que el Senado estatal debe entregar documentos tales como comunicaciones internas, registros de pago, acuerdos con financiadores externos de la autodenominada auditoría que la presidenta del Senado, Karen Fann, ordenó de las elecciones generales de 2020 en el condado de Maricopa.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Arizona permitirá que el Senado y Cyber Ninjas, la compañía de Florida que Fann contrató para dirigir el equipo de auditoría, retengan esos registros, por ahora.
Kory Langhofer, un abogado que representa al Senado, dijo que el fallo no fue sorprendente.
“El caso plantea cuestiones constitucionales delicadas, por lo que es apropiado que la corte mantenga el status quo pendiente de la revisión de la apelación”, dijo.
American Oversight, una organización sin fines de lucro de izquierda, demandó al Senado por una gran cantidad de comunicaciones y otros registros relacionados con la revisión de las elecciones.
El Senado entregó algunos, como los correos electrónicos que Fann había intercambiado con contratistas de auditoría y miembros del público. Pero el Senado argumentó que otros registros no eran registros públicos porque no estaban en su poder.
El juez de la Corte Superior Michael Kemp dictaminó que los documentos siguen siendo registros públicos, independientemente de si están en posesión de Cyber Ninjas u otros subcontratistas, incluso si nunca han tocado las manos del Senado, porque tienen un “nexo sustancial” con asuntos oficiales del Senado.
Kemp también rechazó el argumento del Senado de que los documentos están protegidos por la disposición de inmunidad legislativa de la Constitución de Arizona, que protege de responsabilidad a los legisladores que están desempeñando funciones oficiales. El juez dijo que la disposición se aplica solo a las “palabras pronunciadas en el debate” y los actos legislativos oficiales.
