El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) abrió una investigación de derechos civiles en la ciudad de Phoenix y su departamento de policía, para revisar si sus agentes se han involucrado en un patrón de fuerza excesiva y prácticas discriminatorias, después de que algunos residentes fueran asesinados por agentes, anunció el fiscal general Merrick Garland.
Parte de la investigación examinará si los uniformado han violado los derechos de las personas sin hogar, así como las prácticas de la ciudad y el departamento para responder a las personas con discapacidades.
El gobierno federal también revisará si los agentes han tomado represalias contra manifestantes, área en la que el Ayuntamiento de Phoenix enfrenta demandas de personas que afirman que sus derechos fueron violados.
La investigación implicará reuniones con oficiales y personal policial, así como miembros de la comunidad; los investigadores revisarán los informes de incidentes, imágenes de cámaras corporales y otros registros y políticas del departamento.
La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, dijo que da la bienvenida a la investigación del Departamento de Justicia y que la “reforma integral de la policía en Phoenix” ha sido su prioridad desde que fue elegida para el concejo municipal y como alcaldesa en 2019.
“La reforma de la seguridad pública es un proceso continuo en Phoenix y ahora, con la ayuda del DOJ, este sólido programa de reforma continuará, me comprometo a continuar este trabajo para lograr los mejores resultados posibles”, dijo Gallego.
Viridiana Hernández, líder de Poder en Action, dijo que la Policía de Phoenix no enfrentarían una investigación del DOJ, si hubieran escuchado seriamente a las víctimas de la violencia policial.
“La investigación reconoce el trauma, la violencia, la falta de humanidad y también la historia de que este es uno de los departamentos de policía más mortíferos”, dijo.
También ha impulsado al Ayuntamiento a establecer una junta de revisión civil con autoridad para investigar quejas y emitir recomendaciones sobre medidas disciplinarias o cambios en las políticas; en mayo, se estableció la Oficina de Responsabilidad y Transparencia de Phoenix, para revisiones independientes a la Policía.
La investigación se produce en un momento en que la jefa de policía Jeri Williams y muchos miembros de la corporación enfrentan demandas por violación a los derechos constitucionales de las personas arrestadas en las protestas por la muerte de afroamericanos a las manos de las fuerzas del orden.
Una de las demandas involucra el ataque policial de activistas de Black Lives Matter que, según la policía y los fiscales, pertenecían a una pandilla inexistente.
En 2018, Phoenix ocupó el primer lugar a nivel nacional por muertes en tiroteos policiales y en los últimos años, el departamento de policía ha estado bajo escrutinio público por uso excesivo de fuerza, incluido un incidente en el que una familia negra fue detenida a punta de pistola por presuntamente robar en una tienda de un dólar en 2019.
En 2020, reportes periodísticos descubrieron que la policía de Phoenix usar la fuerza de manera desproporcionada contra las personas de color.
El concejal de la ciudad Carlos García dijo que la investigación del Departamento de Justicia es un reconocimiento de que “este departamento no es apto para servir a nuestra comunidad, que valida aún más la violencia y la desconfianza que nuestra comunidad ha estado experimentando y no lo podemos seguir usando para resolver los males de la sociedad”.
“El Concejo continúa financiando desproporcionadamente nuestro departamento de policía más que otros servicios importantes para nuestra comunidad. Una vez más, pido que invirtamos en la atención médica, la salud mental, la atención de traumas, el cuidado de los niños, la vivienda asequible, las oportunidades de empleo y otros elementos esenciales cotidianos que nuestra comunidad necesita”, agregó García.