Cuando la vacuna contra el COVID-19 finalmente estuvo disponible, se suponía que los primeros en tomarla serían todos los empleados de salud, bomberos y policías, tomando en cuenta que de primera mano vieron los horrores de la pandemia y son defensores de la ciencia, pero no es así.
Sorprendentemente un alto número de doctores y enfermeras se han manifestado en contra de recibir la inmunización, después de que las más grandes cadenas de salud en el estado han impuesto mandatos de vacunación.
Mientras Arizona rebasó las 19,000 muertes y el millón de contagios y el país superó también los 40 millones de infecciones y 651 mil víctimas, decenas de trabajadores de la salud y del gobierno externaron su inconformidad con los mandatos impuestos y dejaron claro que prefieren perder sus empleos a tomar la vacuna.
Esto pese a que la versión Pfizer, ya fue oficialmente aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas, (FDA, por sus siglas en inglés), las opciones Moderna y Johnson & Jonhson, aún mantienen se mantienen en categoría de emergentes.
Decenas de personas se manifestaron a inicios de la semana para protestar contra las vacunas obligatorias impuestas, muchos de ellos trabajadores de hospitales, portando carteles con consignas como “Mi cuerpo, mi elección” y “No soy una prueba”.
La teoría más recurrente entre los empleados de salud que se niegan a recibir la vacuna, es que “se trata de un experimento” y que no se sabe a ciencia cierta su contenido que, creen, al paso del tiempo podría resultar nocivo.
El tema se alinea con las teorías de conspiración vehementemente esgrimidas por los fanáticos de Donald Trump, quienes aseguran que la inmunización provocará más muertes e increíblemente todavía hay quienes afirman que se trata de una táctica de control mental por parte del Nuevo Orden Mundial.
Lo que sí ha quedado estadísticamente demostrado es que aquellos que permanecen sin vacunar son más vulnerables a la variante Delta del virus, que está impulsando la llamada tercera ola de la pandemia.
Los funcionarios de salud en el Condado de Maricopa, afirman que el 90% de los hospitalizados por COVID-19 no estaban vacunados y mientras los casos sigan aumentando, también serán más muertes, según la directora médica Rebecca Sunenshine.
El proceso de vacunación se ha visto seriamente estancado en Arizona y actualmente, sólo el 49.3% de la población está completamente vacunada, todavía muy lejos del 75% necesario para lograr la inmunidad de rebaño o colectiva.
Los funcionarios de salud han dicho que la información errónea sobre las vacunas está obstaculizando los esfuerzos del país para salir de la pandemia y algunos, incluido el presidente Joe Biden, han pedido que las plataformas en línea hagan más para combatir el problema.
Los expertos han dicho que es probable que la inmunidad colectiva no sea alcanzable en los Estados Unidos debido a la vacilación generalizada de las vacunas y que eso dejará a las personas que no pueden vacunarse o aquellos con sistemas inmunológicos debilitados y más vulnerables a contraer y propagar el virus.
Todo esto, mientras en el lado político se libra una batalla en la que el gobierno de Protegiendo el derecho a la elección, el gobernador Doug Ducey y la legislatura crearon leyes que para impedir los mandatos de vacunación y máscaras y el propio fiscal general ha amenazado a ayuntamientos como el de Tucson, con la retención de recursos estatales, al considerar que la imponer que sus empleados se inmunicen, es ilegal y en contra de la ley.
