La ciudad de Phoenix anunció el martes que detendrá el requisito de que los empleados de la ciudad sean vacunados contra COVID-19 luego de un fallo de un tribunal federal que bloquea temporalmente el requisito de que todos los trabajadores contratados federales reciban la vacuna.
Phoenix anunció en noviembre que obligaría a los empleados a estar completamente vacunados contra COVID-19 antes del 18 de enero, citando una orden ejecutiva del presidente Joe Biden que exige el cumplimiento como contratista federal.
Los empleados, independientemente de su estado de teletrabajo o de una prueba COVID-19 positiva previa, habrían tenido que presentar un comprobante de vacunación a menos que se les concediera una adaptación religiosa o médica o estuvieran sujetos a medidas disciplinarias progresivas hasta e incluyendo el despido.
“La ciudad, tal como está escrita, es un contratista federal bajo la orden ejecutiva, sin embargo, dada la orden judicial, es mi intención que detengamos la implementación del requisito de vacuna federal para los empleados de la ciudad que estaba contenido en la disposición del contratista federal de la Orden Ejecutiva 14042 hasta que haya una decisión judicial final sobre este tema ”, dijo el administrador de la ciudad, Jeff Barton, en una sesión de políticas después del anuncio.
“Si la orden ejecutiva y el mandato sobreviven al proceso legal, intentaremos coordinar los términos de implementación con el gobierno federal y trabajar con nuestros empleados”.
El juez federal de distrito R. Stan Baker, en Augusta, Georgia, emitió una suspensión para prohibir la aplicación de la ley en todo el país en respuesta a una demanda de varios contratistas y siete estados.
El juez, designado por el ex presidente Donald Trump, dijo que era probable que los estados tuvieran éxito en su afirmación de que Biden excedió la autorización del Congreso cuando emitió el requisito en septiembre.
“La Corte reconoce el trágico precio que la pandemia de COVID-19 ha causado en todo el país y el mundo”, escribió Baker. “Sin embargo, incluso en tiempos de crisis, este Tribunal debe preservar el estado de derecho y garantizar que todas las ramas del gobierno actúen dentro de los límites de sus autoridades constitucionalmente reconocidas”.
La ciudad dijo en la sesión de políticas que el 51% de los empleados de la ciudad han presentado una tarjeta de vacuna completa.
También se observó que el 29% del personal de la ciudad dio positivo por el virus y 24 muertes de empleados estaban relacionadas con COVID-19, mientras que se han presentado 747 reclamos de compensación laboral relacionados con el virus por un total de $ 5.8 millones incurridos. La mayoría de las enfermedades importantes y las muertes ocurrieron en empleados no vacunados, dijo la ciudad.
Tucson aprobó una ordenanza similar el mes pasado, que requiere que los empleados de la ciudad reciban al menos una inyección o una adaptación aprobada antes del 1 de diciembre o estén sujetos a despido.
