Residentes de un complejo de casas móviles y rodantes de Mesa, denunciaron públicamente ser víctimas de amenazas, acoso y hostigamiento por parte de los propietarios y administradores, a quienes acusan de querer desalojarlos injustamente de los espacios que rentan para sus propiedades, en flagrante violación a las leyes de vivienda que rigen en el estado de Arizona.
Un grupo de hombres y mujeres, todos ellos cabeza de familia, y algunos acompañados de su pareja e hijos, realizaron una protesta pacífica el pasado 30 de noviembre frente al Ayuntamiento de Mesa (Mesa City Plaza).
Los quejosos piden el apoyo de las autoridades municipales ante lo que consideran una arbitrariedad que están cometiendo los apoderados de Mesa Gardens R.V. Park, un complejo de trailas (RVs, o Vehículos Recreacionales) y casas móviles localizado en 1024 W. Main St.
Los propietarios de casas móviles, no de “trailas” o RVs, acusan a Mesa Gardens de haberles entregado una notificación donde les dan un plazo de 90 días para que retiren sus viviendas de ese parqueadero, cuando la ley de vivienda de Arizona establece que el plazo debe ser de 180 días; el plazo que les dieron vence a finales de enero de 2022.
PRENSA ARIZONA tiene en su poder copia de la notificación escrita entregada a uno de los residentes el 26 de octubre pasado y firmado por Michelle Lyon, quien por cierto no dice cual es su posición en la compañía, pero según los residentes es una de las manejadoras del complejo.
El escrito en inglés titulado “Aviso de 90 días no renovación sin causa” dice lo siguiente traducido al español: “Este es el aviso oficial de 90 días para desalojar la propiedad. Le invitamos a quedarse con un R.V., pero las casas móviles deben ser retiradas.
El parque solo tendrá espacios de alquiler para R.V. y todas las casas móviles tienen 90 días para ser removidas o demolidas cuando usted se mude.
Recuerde que debe pagar el alquiler y la electricidad antes de mudarse, la falta de pago serán reportadas”.
Respaldados por los activistas Salvador Reza y Sylvia Herrera, líderes de los Comités de Defensa del Barrio y de la organización Tonatierra, los manifestantes caminaron frente al edificio de la Alcaldía gritando consignas para pedir justicia, y portando pancartas con mensajes como “Ciudad de Mesa, protege la vivienda asequible”; “Mesa Gardens viola los derechos humanos”; y “Vivienda para el pueblo, sin ánimos de lucro”, entre otras; específicamente de que les están dando solamente 90 días de plazo para sacar su casa móvil y no 180 días como estipula la ley. Asimismo, exigen la intervención de las autoridades municipales de Mesa.
“No es justo lo que nos quieren hacer. En primer lugar nos están dando solamente la mitad del tiempo que establece la ley y por eso están violando nuestros derechos”, dijo Jesús, uno de los manifestantes quien prefirió omitir su apellido.
Dijo que realmente Mesa Gardens los tomó por sorpresa con esa notificación y no estar están preparados para irse en enero: “Que regalo ‘tan bonito’ nos dieron, nunca esperamos que nos hicieran esto; mis padres llegaron aquí en 1995, mis hermanos y yo nacimos aquí, fuimos a la escuela y todo; siempre hemos pagado la renta del parqueadero y cumplido con todas las reglas. Mesa Garden no debe hacernos esto”, denunció Jesús, de 23 años, cuya familia vive ahí por casi 30 años. Posee dos casas móviles, en una viven él y su hermana de 30 años, y en la otra sus padres y su hermana de 16 años.
Aseguró que sus propiedades no están en condiciones de ser movidas a otro sitio, pues fácilmente se destruirían en la remoción y el traslado, por lo que en los hechos se quedarían sin un techo propio.
Intereses económicos y complicidad
En un comunicado, Salvador Reza y los Comités de Defensa del Barrio denunciaron en este caso Mesa Gardens “está violando los derechos humanos de algunos de los residentes porque se trata de una notificación incorrecta”, y exigió a l Ayuntamiento de Mesa y a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto.
Reza dijo que al menos 10 familias se acercaron a su organización para pedir apoyo, porque la notificación que les enviaron es “una clara violación de los estatutos establecidos en la Ley de Propietarios e Inquilinos de Casas Móviles de Arizona. El propietario y la administración del parque calcularon que los residentes de bajos ingresos no conocerían sus derechos y proporcionaron una notificación inadecuada para dar paso a ‘mejorar’ la propiedad”.
El activista aseveró que la especulación y el desarrollo a lo largo del tren ligero ha significado la destrucción de viviendas asequibles con casas rodantes y la complicidad de el Ayuntamiento de Mesa con los desarrolladores está contribuyendo al desplazamiento de familias de bajos ingresos que viven a lo largo del corredor del tren ligero sin un plan alternativo para reubicar a las familias afectadas.
Salvador Reza estableció: “Una vez más, como fue el caso en el Parque Móvil Mesa Royale, los residentes y los grupos comunitarios de apoyo exigen que el Ayuntamiento se involucre con todas las partes para resolver este asunto que afectará a un número considerable de familias que viven en numerosos parques de casas rodantes a lo largo del corredor del Tren Ligero. La pérdida de viviendas asequibles no es aceptable”.
Los residentes le piden a la ciudad que haga lo que es justo y cese de desalojar familias de bajo recursos del corredor del Tren Ligero a lo largo de la calle Main en Mesa. También expresan que la experiencia vivida por los residentes de Mesa Royale hace un par de años no debe de ser repetida con los residentes de Mesa Gardens Mobile Home Park.
Es propiedad privada
En respuesta tras llamadas respectivas de PRENSA ARIZONA a las oficinas de los Concejales Francisco Heredia y David Luna, la directora de Comunicaciones de ese municipio, Ana Pereyra, envió el siguiente comunicado:
“Mesa Gardens es propiedad privada. La ley del estado de Arizona establece las pautas que regulan la relación entre propietarios e inquilinos, por lo que está fuera de la jurisdicción del Ayuntamiento de Mesa.
Exhortamos a los residentes que enfrentan inestabilidad de vivienda a buscar ayuda”. Ofrecemos una lista de recursos en nuestro sitio electrónico www.mesaaz.gov/housing”.
Se lavan las manos
Al respecto, Salvador Reza y su organización señalaron: “La Ciudad de Mesa desestimará su petición argumentando que es una transacción privada en la que ellos no pueden intervenir. Sin embargo, tienen una trayectoria y práctica de desalojar a residentes pobres en el paso del tren ligero para abrir paso a los especuladores e inversionistas que utilizan todo truco para desalojar y así no tener que cumplir con las guías federales de reubicación en donde los residentes desalojados tienen derecho a compensación por la casa móvil de la que están siendo desalojados”.
Pidió a la Ciudad de Mesa que involucre organizaciones no lucrativas con experiencia en reubicación, como Chicanos Por La Causa, que se aseguran que los inquilinos sean compensados por el precio de la vivienda y los guíe en una reubicación justa como lo hicieron en Mesa Royale Trailer Homes.
Finalmente Jesús, el denunciante entrevistado, dijo que están dispuestos a realizar protestas, ir a los medios de comunicación, establecer quejas federales, y buscar ayuda legal.