El Ayuntamiento de Phoenix anunció que detendrá el requisito de que los empleados de la ciudad sean vacunados contra COVID-19 luego del fallo de un tribunal federal que bloquea temporalmente el requisito de que todos los contratistas federales reciban la vacuna.
Se había anunciado en noviembre que el Ayuntamiento obligaría a los empleados a estar completamente vacunados contra COVID-19 antes del 18 de enero, citando que la orden ejecutiva del presidente Joe Biden les exige el cumplimiento como contratista federal.
Los empleados, independientemente de su estado de teletrabajo o de una prueba COVID-19 positiva previa, habrían tenido que presentar prueba de vacunación a menos que se les concediera una adaptación religiosa o médica o estuvieran sujetos a medidas disciplinarias progresivas que podrían llegar al despido.
“El Ayuntamiento, tal como está escrito en los reglamentos, es un contratista federal bajo la orden ejecutiva, sin embargo, dada la orden judicial, es mi intención que detengamos la implementación del requisito de vacuna para los que estaba contenido en la disposición del contratista federal de la Orden Ejecutiva 14042 hasta que haya una decisión judicial final sobre este tema”, dijo el administrador de la ciudad, Jeff Barton.
“Si la orden ejecutiva y el mandato sobreviven al proceso legal, intentaremos coordinar los términos de implementación con el gobierno federal y trabajar con nuestros empleados”, agregó.
El juez federal de distrito R. Stan Baker, en Augusta, Georgia, emitió una suspensión para prohibir la aplicación de la ley en todo el país en respuesta a una demanda de varios contratistas y siete estados.
El juez, designado por el ex presidente Donald Trump, dijo que era probable que los estados tuvieran éxito en su afirmación de que Biden excedió la autorización del Congreso cuando emitió el requisito en septiembre.
“La Corte reconoce el trágico precio que la pandemia de COVID-19 ha causado en todo el país y el mundo. Sin embargo, incluso en tiempos de crisis, esta Corte debe preservar el estado de derecho y garantizar que todas las ramas del gobierno actúen dentro de los límites de sus autoridades constitucionalmente reconocidas”, escribió Baker.
Casi la mitad, no se ha vacunado…
El Ayuntamiento de Phoenix dijo en la sesión de políticas que el 51% de los empleados de la ciudad han presentado una tarjeta de vacuna completa y también que el 29% del personal del personal dio positivo al virus, lo que llevó a 24 muertes relacionadas con COVID-19.
Igualmente se dio a conocer que se han presentado 747 reclamos de compensación laboral relacionadas a la pandemia por un total de $ 5.8 millones incurridos; se aclaró que la mayoría de las enfermedades importantes y las muertes ocurrieron en empleados no vacunados, subrayó el Ayuntamiento.
Tucson aprobó una ordenanza similar el mes pasado, que requiere que los empleados de la ciudad reciban al menos una inyección o una adaptación aprobada antes del 1 de diciembre o estarían sujetos a despido y no se ha dado a conocer ningún cambio en la política.
Prevalecen garantías individuales…
El concejal del Distrito 6 de Phoenix, Sal DiCiccio celebró el anuncio y consideró que el Ayuntamiento debe enfocarse en otras necesidades más urgentes, al considera que la verdadera crisis que enfrenta Phoenix es la escasez de policías y bomberos, lo que representa un gran peligro para la seguridad de todas las familias de Phoenix.
“La Constitución prevalece, las libertades individuales importan. Phoenix nunca debería haber caído en esta tontería. La decisión de imponer el mandato a los empleados de la ciudad de Phoenix se tomó a puerta cerrada porque ningún político quiere poner su nombre detrás de su apoyo al mandato, nunca fue una decisión del Administrador de la Ciudad”, dijo DiCiccio.
