El activista Salvador Reza y el concejal Carlos García, quienes siguen luchando hombro a hombro con los residentes de las “trailas” Las Casitas, les advierten que tengan cuidado con un contrato que el dueño de “parqueadero” les propone firmar, pues podría tratarse de una trampa legal aceleraría su desalojo.
Entrevistados por separado, dijeron que Richard Rossmiller, propietario de la subasta DAASW Dealers Auto Action of the Southwest tiene planes de expandir su negocio y por esa razón su intención es desaparecer el “parqueadero” y la empresa Jerry LLC, es quien compró el predio en la Avenida 18 y Buckeye.
García y Reza comentaron que este empresario les aseguró a los inquilinos que no los desalojará por el momento, pero quiere que firmen un contrato de 6 meses en lo que buscan a dónde irse.
“Yo lo que les aconsejo (a los inquilinos) es que tengan cuidado con lo que van a firmar, porque se arriesgan a que los saquen incluso antes de cumplirse los 6 meses”, señaló el concejal en cuyo distrito se ubican Las Casitas.
“Definitivamente estás familias necesitan asesorarse con un abogado especialista en estos asuntos antes de firmar cualquier documento, ya que podría tratarse de alguna argucia legal para poderlos sacar más pronto”, aseveró el dirigente de los Comités de Defensa de los Barrios.
En otro caso similar, los residentes de Periwinkle Mobile Home Park después de 8 años y después de que la Universidad del Gran Cañon (GCU, por sus siglas en inglés) prometió no desalojar a nadie hasta febrero; comenzó a forzarlos para no tener que cumplir con la ley estatal o la negociación para encontrarles una vivienda en otro lugar.
Los residentes recibieron una notificación que deben remover alrededor de sus casas móviles cualquier lavadora, refrigerador o aparato, además cortar el césped de enfrente y de atrás de sus casas móviles y de no hacerlo se iniciarán procedimientos legales para ser removidos en 30 días.
La ley estatal también dice que deben de darles las reglas por escrito a todo residente cuando renta y los residentes no recuerdan nunca haber recibido las reglas por escrito desde que GCU se convirtió en dueño.
“Se les hace raro que después de 8 años y al detener el intento de desalojo en septiembre, ahora utilizan patrañas legales para lograr su cometido. La verdad es que ahora con la crisis de vivienda y con los altos precios de las rentas y de las casas hay un movimiento a nivel estatal de comprar terrenos donde existen casas móviles antiguas”, señala Salvador Reza.
