prestamos estudiantiles
Varios jueces conservadores interrogaron al principal abogado de la Corte Suprema de la administración Biden sobre el precio del programa.

La Corte Suprema escuchó los argumentos el martes en una lucha legal partidista sobre el plan del presidente Joe Biden para eliminar o reducir los préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses.

El tribunal superior, con su mayoría conservadora de 6-3, escuchó argumentos en dos impugnaciones al plan, que hasta ahora ha sido bloqueado por jueces designados por republicanos en tribunales inferiores.

Las discusiones estaban programadas para durar dos horas, pero duraron más de tres horas.

Al principio de los argumentos, varios jueces conservadores interrogaron a la principal abogada de la Corte Suprema de la administración Biden, Elizabeth Prelogar, y sugirieron que la administración se había excedido en su autoridad con el programa.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, señaló el amplio impacto y los gastos del programa, que se estima costará $400 mil millones durante 30 años.

“Si estás hablando de esto en abstracto, creo que la mayoría de los observadores casuales dirían que si vas a renunciar a tanto… dinero. Si va a afectar las obligaciones de tantos estadounidenses en un tema que es muy controvertido, pensarán que es algo sobre lo que debe actuar el Congreso”, dijo Roberts.

La administración de Biden dice que 26 millones de personas han solicitado la condonación de hasta $20,000 en préstamos federales para estudiantes bajo el plan.

“Estoy seguro de que existe la autoridad legal para llevar a cabo ese plan”, dijo Biden el lunes, en un evento para conmemorar el Mes de la Historia Negra.

El presidente, que alguna vez dudó de su propia autoridad para cancelar ampliamente la deuda estudiantil, anunció el programa por primera vez en agosto. Los desafíos legales siguieron rápidamente .

Los estados liderados por republicanos y los legisladores en el Congreso, así como los intereses legales conservadores, se alinean contra el plan como una clara violación de la autoridad ejecutiva de Biden. Los estados liderados por demócratas y los grupos de interés liberales respaldan a la administración demócrata al instar a la corte a permitir que el plan entre en vigencia.

Sin él, la morosidad de los préstamos aumentaría drásticamente cuando la pausa en los pagos de los préstamos termine a más tardar este verano, dice la administración. Los pagos se detuvieron en 2020 como parte de la respuesta a la pandemia de coronavirus.

La administración dice que una ley de 2003, comúnmente conocida como la Ley HEROES, permite al secretario de educación renunciar o modificar los términos de los préstamos federales para estudiantes en relación con una emergencia nacional. La ley tenía como objetivo principal evitar que los miembros del servicio empeoraran financieramente mientras luchaban en las guerras en Afganistán e Irak.

Nebraska y otros estados que demandaron dicen que el plan no es necesario para mantener la tasa de incumplimiento más o menos donde estaba antes de la pandemia. Los 20 millones de prestatarios a quienes se les borraron todos sus préstamos obtendrían una “ganancia inesperada” que los dejará en mejores condiciones que antes de la pandemia, dicen los estados.

Docenas de prestatarios vinieron de todo el país para acampar cerca de la corte un lunes por la noche empapado con la esperanza de conseguir un asiento para los argumentos. Entre ellos estaba Sinyetta Hill, quien dijo que el plan de Biden eliminaría casi $500 de los $20,000 que tiene en préstamos estudiantiles.

“Tenía 18 años cuando me inscribí en la universidad. No sabía que iba a ser una carga tan grande. Ningún estudiante debería tener que lidiar con esto. Nadie debería tener que lidiar con esto”, dijo Hill, de 22 años, quien planea estudiar derecho después de graduarse de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en mayo.

El plan de Biden podría encontrar una recepción helada en la sala del tribunal. Los conservadores de la corte se han mostrado escépticos sobre otras iniciativas de Biden relacionadas con la pandemia, incluidos los requisitos de vacunas y pausas en los desalojos. Esos fueron anunciados en gran parte como medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación de COVID-19.

El plan de condonación de préstamos, por el contrario, tiene como objetivo contrarrestar los efectos económicos de la pandemia.