La decisión de la alcaldesa Kate Gallego y 4 miembros del Concilio de la Ciudad de Phoenix, quienes votaron a favor de los dueños de 3 terrenos de “trailas” en su plan de desalojar las familias que ahí viven para remodelar y ampliar sus propiedades, es considerada por los afectados como golpe bajo, duro y artero en su contra.
Los 2.5 millones de dólares que el Municipio aprobó para apoyarlos, aseguran no es ningún consuelo, porque en primer lugar perderán sus “trailas” por ser modelos muy viejos y no pueden moverlas; está claro que no les darán para comprar otra, así que no entienden de qué otra manera les van a ayudar.
En entrevista con PRENSA ARIZONA residentes Periwinkle Mobile Home Park (Avenida 27 y norte de Camelback), Las Casitas Mobile Home Park (Avenida 18 y Buckeye) y Weldon Court Mobile Home Park (Calle 16 y sur de Indian School). Dijeron que lo que más les duele es que perderán sus humildes “trailas” debido a que son modelos muy antiguos (de 1976 para atrás), que la ley no permite llevarlas a otro lugar y en ningún otro parqueadero les permitirían ponerlas por la misma razón y era para muchos de ellos parte de su patrimonio.
La mayoría son familias hispanas pobres, casi 120 en los 3 sitios; muchas con niños, otras con ancianos, algunas más con enfermos crónicos y otras tienen menores con necesidades especiales.
Buscando a dónde ir
Los residentes de los 3 predios recibirán $1,850 que el Gobierno de Arizona otorga a cualquier dueño de una traila que debe moverse cuando el parqueadero es vendido o cambia de uso de suelo.
Y aunque lo agradecen, pero con eso no pueden comprar otra vivienda móvil, a lo mucho les ayudará para pagar un mes de renta a cualquier lugar que vayan.
Fuera de entrevista, luego de la decisión de la alcaldesa y los 4 concejales varios de los afectados comentaron que se irán a vivir temporalmente con amigos o familiares; debido a sus pocos ingresos, no tener crédito y en varios casos por falta de Seguro Social, comprar casa o rentar apartamento por su cuenta no es opción, así que seguirán buscando mientras que el tiempo se les agota.
Plazo para moverse
Varias de esas familias tenían más de 20 años viviendo ahí pero todas, sin excepción tienen un plazo para irse, de lo contrario serán desalojadas.
El de los de Las Casitas es el más próximo, el 30 de abril, es el plazo que les pusieron los nuevos dueños, la empresa Kerru Corporation, de Colorado, que necesita el terreno para expandir su negocio de subasta de carros.
Los de Periwinkle, cuyo terreno es propiedad de la Universidad del Gran Cañón (GCU) que necesita para seguir construyendo, tienen hasta el 28 de mayo para irse; a ellos dicha institución les dará un apoyo extra, de 5 mil dólares aparte del subsidio del Estado.
Mientras que los residentes de Weldon Court deben desocupar el predio a más tardar el 30 de junio; así se los pidieron las corporaciones dueñas Casa Oak 2 L.L.C. y Casa Oak L.LC., de California, quienes construirán ahí un moderno complejo de apartamentos.
Se sienten perdidos
“No hay nada que hacer, estamos perdidos. Yo y la mayoría de los que vivimos aquí vamos a perder nuestra ‘traila’, la mía es de 1973…”, afirmó Carmen Prieto, una mujer de 62 años, jubilada quien vive en Weldon Court desde hace 15 años.
Dice sentirse bendecida porque tiene a donde ir, la casa de su hija, pero asegura que algunos de sus vecinos, no tienen familiares y no saben qué hacer.
Por su parte Gonzalo Álvarez, con 23 años viviendo en Las Casitas, señaló: “Mi traila no puedo moverla porque es de 1956, la van a tumbar y destruir como la mayoría de las que hay aquí porque son de antes del 76. Era parte de nuestro patrimonio pero que le vamos a hacer, nos tocó perder”.
Dijo que afortunadamente ya tiene donde irse, un amigo le va a rentar un cuarto de su casa que; sus dos hijas viven con su esposa en otra traila ahí mismo, pero también ya consiguieron donde vivir.
Anuncian movilizaciones
Salvador Reza, líder de los Comités de Defensa del Pueblo, quien ha estado peleando por los derechos de estas familias y trato de que no fueran desalojadas, anunció que van a llevar a cabo algunas manifestaciones para protestar por la decisión de la alcaldesa Gallego y 4 de los 8 concejales.
La primera será el 5 de abril a la 1:30 de la tarde frente a la Cámara del Concilio de la Ciudad, mientras se desarrolle una reunión de la edil y los 8 miembros del Ayuntamiento.
La otra, precisó el activista, la realizará el 12 de abril, cuando Gallego rinda su informe anual de gobierno (Estado de la Ciudad) en el lujoso hotel Sheraton, en el centro de Phoenix.
En ambas manifestaciones, enfatizó, reclamarán a la alcaldesa por que se puso del lado de los poderosos inversionistas.
“Ella podía hacer mucho, pero no quiso; una sola llamada de ella a GCU y a los dueños de los otros parqueaderos hubiera logrado al menos que les dieran a estas familias un poco más de tiempo”, aseveró.
Al acusar que muchos políticos de todos los niveles tienen miedo perder el apoyo económico de los inversionistas para sus campañas, Salvador Reza dijo que en este caso del desalojo de los residentes de esas casas móviles “pudo más el dinero”, lo cual no es nada nuevo.
