El martes, la Corte Suprema permitió efectivamente que el gobierno detuviera el conteo del censo de inmediato, bloqueando una orden de un tribunal inferior que habría requerido que la administración Trump continuara recopilando información en el campo hasta finales de octubre.
La Oficina del Censo dijo que quería detener el conteo para poder comenzar a procesar los datos para cumplir con la fecha límite del 31 de diciembre, establecida en la ley federal, para informar los resultados al presidente.
Pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos Ordenó al gobierno que continúe con su trabajo de campo hasta el 31 de octubre, y concluyó que un tiempo más largo en el campo aumentaría la precisión.
En una breve orden sin firmar, la Corte Suprema suspendió la orden del tribunal de apelaciones.
La jueza Sonia Sotomayor discrepó y escribió: “Los daños causados por apresurar el conteo del censo de este año son irreparables”. Los estados y grupos que buscan mantener el conteo “sufrirán su impacto duradero durante los próximos diez años”, hasta que se realice el próximo censo.
El proceso de este año de realizar el conteo de población comenzó a tiempo, pero las operaciones de campo se suspendieron en marzo en respuesta a la pandemia de Covid-19. El Departamento de Comercio solicitó al Congreso una demora de cuatro meses en el plazo para informar los resultados, pero esa solicitud no llegó a ninguna parte.
“Prácticamente no hay posibilidad de que la Oficina pueda cumplir con el plazo establecido por la ley”, dijo el Departamento de Justicia a la Corte Suprema, a menos que pueda dejar de recopilar datos en el campo y comenzar a procesarlos. La Oficina del Censo dijo que debe tener tiempo para “analizar, corregir e integrar una amplia gama de datos” para producir resultados precisos antes de fin de año.
El gobierno dijo que ya ha enumerado el 99.7 por ciento de todos los hogares, lo que dijo que era comparable a la tasa de censos anteriores.
Por otra parte, la administración Trump está pidiendo a la Corte Suprema que permita que el gobierno informe al presidente dos cifras del censo: una tabulada de la manera habitual y la otra omitiendo a las personas que son inmigrantes indocumentados. Un tribunal inferior impidió que el gobierno los dejara fuera del recuento.
El Departamento de Justicia está pidiendo a la corte que escuche y decida ese caso antes de fin de año, pero la corte aún no ha dicho cuándo abordará ese tema.
