Luego que el gobernador Doug Ducey levantó las restricciones de seguridad COVID-19, anulando las ordenanzas locales de máscaras y de ocupación en negocios y eventos, el Condado de Maricopa y algunas ciudades acataron, pero líderes también expresaron su desacuerdo con la orden ejecutiva que incluso fue desafiada por el Condado de Pima, segundo más grande del estado.
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, argumentó que no cumplirá la nueva orden, diciéndole a Ducey que tendrá que llevarlos a los tribunales para anular la ordenanza de las máscaras de Tucson.
“Es lamentable que el gobernador Ducey esté cediendo a la presión política de la extrema derecha en lugar de seguir la ciencia y hacer lo mejor para los arizonenses”, dijo Romero en un comunicado.
“Esto ha sido una extralimitación por parte del ejecutivo. Depende de la Legislatura, y no del Gobernador, decidir qué autoridades se otorgan a los condados. Aparte de la vacunación, lo mejor que tenemos en nuestro bolsillo es el uso de mascarillas y usaremos esa herramienta para poder proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de este condado”, dijo por su parte el doctor Francisco García, director médico del Condado de Pima.
La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego fue una de las más fuertes voces para exigir el uso de máscaras, aun y cuando en su momento se vio limitada por los decretos del Gobernador, quien nunca aceptó un mandato estatal y delegó la responsabilidad en los ayuntamientos .
“El Gobernador claramente se preocupa mucho menos por la gente de Arizona que por su futuro político”, dijo la Alcaldesa.
“La decisión contradice directamente a los mejores científicos en el campo; la horrible oleada de junio pasado solo se frenó con enmascaramiento, cuando el Gobernador finalmente permitió que las ciudades lo hicieran”, dijo Gallego.
El levantamiento de las restricciones aviva el debate por el uso de máscaras y deja a los empresarios con la decisión de aplicar sus propias reglas para su protección y la de sus empleados y los conflictos que esto le pueda generar con los clientes que se niegan al cumplimiento sanitario.
Al respecto, opinó la senadora federal Kirsten Sinema, en su reciente visita al centro de Phoenix, donde presentó el plan de rescate para restaurantes y centros de espectáculos.
“Es decepcionante evitar que los alcaldes o condados tengan un mandato de máscara que devuelve la responsabilidad a los dueños de negocios, cuando ya es difícil para ellos, pues están tratando de sobrevivir y ahora tienen que discutir con la gente”, dijo Sinema.
La secretaria de Estado Katie Hobbs, calificó la decisión de Ducey de frenar los esfuerzos de prevención del gobierno local como “exasperante”.
“Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que las vacunas y las mascarillas son cruciales para acabar realmente con esta pandemia, centrémonos en hacer esto bien en lugar de obtener crédito”, declaró.
Pero no solamente los políticos se manifestaron contra el levantamiento de restricciones: la red de hospitales más grande de Arizona, Banner Health, dijo que el número de inmunizados debe ser mucho mayor antes de siquiera considerar tal medida.
La Alianza del Sistema de Salud de Arizona, una alianza de cabildeo de los cuatro sistemas de salud más grandes del estado, dijo que una reciente caída en los casos no es suficiente para dejar de tomar precauciones.
Según la orden, el estado eliminará gradualmente todos los mandatos de máscaras implementados por los gobiernos locales y los condados; los bares pueden reanudar las operaciones regulares a plena capacidad y los eventos de más de 50 personas ya no necesitarán la aprobación de los gobiernos locales.
Las empresas ya no están obligadas a implementar prácticas de mitigación de COVID-19 y en su lugar, solo las recomendarán.
A pesar del aumento en las vacunas y la apertura de citas para todos los mayores de 16 años, sólo el 17% de los adultos de Arizona, están completamente vacunados y para alcanzar la inmunidad colectiva se requiere un 75 por ciento de la población.
Aunque los números han bajado en comparación con el pico de la pandemia, al cierre de la edición se habían registrado más de 841 mil infecciones y 16,941 muertes en el estado.
En el país se han contabilizado más de 550 mil muertes, producto de más de 30.4 millones de contagios.
