Líderes republicanos del Senado de Arizona amenazaron a los funcionarios del condado de Maricopa por desafiar una citación y rechazar la entrega materiales relacionados con las elecciones, propiamente los enrutadores.
La citación de la líder del Senado de Arizona, Karen Fann y el presidente del Comité Judicial, Warren Petersen, le dio al Condado una semana para entregar enrutadores de red y registros de tráfico, sobres de todas las boletas enviadas por correo o imágenes de ellas, registro de votantes con historiales de cambios y registros relacionados con violaciones de seguridad.
El Condado dejó en claro que los enrutadores, que son utilizados por varios departamentos, incluida la Oficina del Alguacil, estaban fuera de los límites porque entregarlos sería una interrupción importante para las operaciones del gobierno y un riesgo de seguridad.
“Por favor, termine lo que sea que esté haciendo y libere lo que sea que vaya a liberar. Publique su informe y prepárese para defender cualquier acusación en la Corte”, dijo el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, Jack Sellers.
El Condado también argumentó que la citación ni siquiera era legal porque se emitió mientras el Senado está inactivo.
“La razón por la que no ha terminado su ‘auditoría’ es porque contrató a personas sin experiencia y comprensión de las elecciones profesionales”, escribió Sellers.
La presidenta del Senado, Karen Fann, dio a entender que la junta directiva del condado, estaba cayendo en una trampa, en una belicosa publicación en Twitter y el látigo de la mayoría en el Senado, Sonny Borrelli, pidió al fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, que se involucre en la disputa.
“Hoy presenté una solicitud para que el fiscal general de Arizona investigue a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa por no cumplir con las citaciones del Senado, los Supervisores están actuando como si estuvieran por encima de la ley y es un insulto para los ciudadanos de nuestro estado”, dijo Borrelli.
En febrero, el Senado fracasó en declarar en desacato a los Supervisores del Condado, lo que podría haberlos llevado a la cárcel.
El senador Paul Boyer fue el único republicano que votó en contra de la resolución, uniéndose a los 14 demócratas del Senado y creando un empate a 15.
Otro esfuerzo de desacato es poco probable no solo porque la Legislatura está fuera de sesión, sino que Michelle Ugenti-Rita, se ha unido a Boyer para denunciar públicamente “chapuza” en los procedimientos de la auditoría.
