Mientras la administración Biden está enviando ayuda a los hospitales de Arizona abrumados por la reciente oleada de la pandemia, el gobernador Doug Ducey emitió otra orden ejecutiva para detener los mandatos de vacunación en el estado.
Al cierre de la edición, el 95 por ciento de las camas en las unidades de cuidados intensivos de en el estado estaban ocupadas, el nivel más alto en 10 meses, según el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS, por sus siglas en inglés) y se prevé que a inicios del 2022 no habrá suficientes espacios para atender pacientes.
La semana pasada, Banner Health, la red de hospitales más grande del estado, dijo que el 88 por ciento de los pacientes de COVID en sus UCI no estaban vacunados y advirtió que podría tener que comenzar a reducir la atención a mediados de enero.
Los expertos en salud pública advierten que la actual ola de COVID, pese a tener vacuna en mano, afecta a los pacientes que necesitan otros tipos de atención hospitalaria.
Un estudio publicado la semana pasada mostró que Arizona tuvo la tasa más alta de “exceso de muertes” este año, muy por encima de lo que podría esperarse en un año normal.
Will Humble, exdirector de salud estatal y uno de los autores del estudio, dijo que una mayor prevalencia de muertes relacionadas con la diabetes probablemente se debió a que los pacientes no buscaron atención médica o no los recibieron durante la pandemia.
El presidente Joe Biden anunció su nuevo plan de batalla el martes contra la variante ómicron al poner a la disposición pruebas de COVID-19 rápidas y gratuitas en el hogar que estarían disponibles en línea el próximo mes.
También enviará “equipos de ataque” con médicos, enfermeras y ambulancias a Arizona y otros cinco estados donde la nueva ola ómicron que ha golpeado en su mayoría a pacientes no vacunados que llenan las camas de los hospitales.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC), las personas que no están vacunadas corren un riesgo 20 veces mayor de morir por COVID que una persona completamente vacunada.
Por su parte, el gobernador Doug Ducey emitió una orden ejecutiva que dice que el estado, los condados, las ciudades o los pueblos no pueden exigir la vacuna COVID-19 para los empleados.
La orden de nueve páginas trata principalmente de una mayor vigilancia y monitoreo para limitar la propagación del virus, pero incluye la disposición, que llegó el mismo día que Banner Health, el empleador privado más grande del estado, dijo que se está quedando sin camas para atender a los pacientes y es posible que deba comenzar a elegir quién puede recibir atención si continúan las tendencias de hospitalización.
La orden podría tener un efecto directo en Tucson, que ha requerido la vacunación para seguir trabajando en el ayuntamiento aprobó una ordenanza que decía que los empleados de la ciudad que no hayan recibido al menos una inyección de la vacuna y no hayan recibido una excepción o acomodación aprobada para el 1 de diciembre podrían ser despedidos.
Phoenix votó anteriormente para exigir las vacunas COVID-19 para los empleados de la ciudad, pero detuvo el mandato el 7 de diciembre luego de un fallo judicial que bloqueó temporalmente el requisito para todos los trabajadores contratados federales.
Mientras tanto, líderes comunitarios como Mary Rose Wilcox, Ray Arvizu, y funcionarios como la concejal del Distrito 7, Yassamin Ansari y la jefa asistente del Departamento de Bomberos, Shelly Jameson, conminaron a la comunidad a recibir la vacuna.
Yassamin Ansari señaló que el Concilio recientemente aprobó otorgar incentivos para aquellos empleados del Ayuntamiento, alrededor del 49 por ciento que aun no se han vacunado, se sumen y protejan su vida y la de los demás.
“Está comprobado que la vacuna es la mejor arma de protección que tenemos contra el COVID-19 y todas sus variantes, hagan lo correcto”, invitó Ansari.
