José Guzmán, uno de los activistas comunitarios más respetados en el tema anti violencia con armas de fuego, se congratuló que los Obispos de Phoenix, Tucson y Gallup hayan expresado su agradecimiento a la gobernadora Katie Hobbs, por su reciente veto a las propuestas de ley SB 1109 y SB 1331 aprobadas por ambas cámaras de la Legislatura estatal.
Dichas iniciativas a punto de convertirse en ley, legalizarían el uso de “silenciadores” en armas, así como la portación oculta de pistolas dentro de planteles educativos.
“Me da mucho gusto que la Iglesia se haya pronunciado en este tema tan importante, ya que su opinión es muy representativa; de igual forma yo estoy de acuerdo con la decisión de la Gobernadora”, afirmó el fundador y presidente de Padres y Parientes de Víctimas de Crimen.
En entrevista con PRENSA ARIZONA, Guzmán dijo coincidir con los líderes católicos John P. Dolan, Eduardo A. Nevares, Edward J. Weisenburger y James S. Wall, quienes manifestaron en un comunicado conjunto:
“Estamos agradecidos que la legislación SB 1109, que pretendía legalizar a los ‘silenciadores’ de la lista de armas prohibidas, fue vetada recientemente; de igual manera, nos alegramos de que la legislación SB 1331 que permitiría armas ocultas en instalaciones escolares también fue vetada”.
El entrevistado, cuyo hijo fue brutalmente asesinado hace 17 años con un rifle AK-47 con “silenciador”, señaló de forma tajante: “Absolutamente de acuerdo con la gobernadora Hobbs, y es muy significativo que estos líderes religiosos hayan expresado su postura, ellos representan a miles de personas”.
Respecto a la SB 1109 aseveró: “La persona que usa un “silenciador” es porque quiere encubrir su acción, no quiere dejar rastros, eso lo hace quien va a cometer algún crimen”.
El defensor de las víctimas de crímenes criticó de nuevo el fácil acceso a las armas de fuego en este país y particularmente en Arizona, exigiendo a políticos y autoridades poner mayor atención en la prevención de la violencia y la salud mental, así como en programas de apoyo a sobrevivientes de delitos y sus familiares.
José Guzmán manifestó que por encima de intereses políticos y económicos está la obligación de las autoridades de velar por la seguridad y salvaguardar la vida de las personas, sin importar partidos, edades, posición social, raza o religión.
