El Ayuntamiento de Phoenix enfrenta un segundo reclamo legal multimillonario dirigido al Departamento de Policía en menos de un mes, esta vez por las denuncias de un cateo ilegal en cavidades corporales y el supuesto posterior encubrimiento.
Erica Reynolds, de 37 años, presentó un aviso de reclamo, precursor de una demanda y está buscando 12.5 millones de dólares por la forma en que fue tratada durante un incidente del 26 de diciembre de 2018.
El reclamo acusa a la Policía de agresión sexual y arresto injustificado, encarcelamiento falso, negligencia grave e infligir intencionalmente angustia emocional.
Según documentos judiciales, la Policía dijo que se había identificado a Reynolds como un conspirador en una red de narcotraficantes, por lo que fue llevada a una subestación de la policía del sur de Phoenix.
Después de ser detenida, fue obligada y soportar una búsqueda corporal en sus cavidades realizada por una oficial quien “insertó múltiples dedos sin lubricar”.
“Los cuerpos negros no son escenas del crimen, nuestros cuerpos no deben ser tratados de esta manera sin consentimiento. Erica le rogó a ese oficial que se detuviera”, dijo Parris Wallace, de Poder in Action, el grupo de derechos civiles de Phoenix.
Reynolds quedó sangrando y con necesidad de atención médica, dice la demanda, pero no se encontró ningún contrabando y tampoco no fue acusada en ese momento.
El reclamo dice que Reynolds recibió tratamiento por sus lesiones después de la búsqueda de cavidades corporales y el personal del hospital documentó signos de agresión sexual y sangrado rectal.
Pero la policía no investigaría las denuncias de abuso sobre Reynolds ni autorizaría al hospital a documentar de kit de violación, según el reclamo.
“Se negaron a aceptarlo como un asalto y se negaron a preservar la evidencia”, afirmó Wallace.
Más tarde, Reynolds fue arrestada y registrada por cargos de drogas el 6 de febrero y la declaración de causa probable se refería a la parada de tráfico del 26 de diciembre, pero no mencionó un viaje a una subestación ni un registro de cavidades corporales.
“Nada de lo que hizo Erica antes del 26 de diciembre de 2018 justifica que los agentes de policía realicen una búsqueda de cavidades corporal después de un arresto ilegal, sin una orden judicial y sin un profesional médico presente”, dice el aviso de reclamo, que fue preparado por el bufete de abogados del Pueblo y Dirigida a la alcaldesa Kate Gallego y la jefa de policía, Jeri Williams.
“Su conducta fue incontrovertiblemente inconstitucional, ilegal y criminal. La única pregunta es si intentarán justificarlo, y el mensaje que enviarán al hacerlo”, señala el documento.
El equipo legal de Reynolds ha publicado material relacionado con el caso en phxcavitysearch.com y el caso ha sido publicado en las redes sociales con la etiqueta #JusticeForErica.
Responde la Policía
Por su parte, la Policía de Phoenix dijo que el oficial que llevó a cabo el registro corporal fue suspendido hace meses después de una investigación interna.
“El Departamento de Policía de Phoenix toma en serio las acusaciones de mala conducta y nuestro objetivo es ser receptivo, responsable y transparente. En este caso, se inició una investigación inmediatamente después de enterarse de este incidente”, dijo la sargento Mercedes Fortune.
La demanda del tribunal dijo que la Policía no investigaría las acusaciones de abuso ni autorizaría un hospital al que finalmente llevaran a Reynolds para realizar un examen de kit de violación.
La Policía afirma que la Oficina de Normas Profesionales terminó su investigación el 25 de febrero.
Incesante escándalo
Hace menos de dos semanas, Dravon Ames y su prometida Iesha Harper presentaron una notificación de 10 millones de reclamos en los que acusaban a la policía de agresión, encarcelamiento ilegal y violación de los derechos civiles.
La pareja y sus dos hijas jóvenes fueron confrontadas por oficiales con sus armas sobre una muñeca robada en una tienda de descuento y un video del incidente se volvió viral. Ninguno de los padres fue arrestado ni acusado.
Días antes se había dado a conocer que agentes activos e inactivos del Departamento de Policía habían realizado publicaciones consideradas como racistas en contra de las minorías, en sus redes sociales.
Igualmente el año 2018 se registró la muerte de 44 sospechosos que enfrentaron a la Policía, el más alto en todo el país, lo que llevó a la realización de un estudio de meses que a la postre parece no haber aportado mucho, aunque los casos de muertes han declinado considerablemente éste 2019.
No a la impunidad: García
El recién electo concejal del Distrito 8, Carlos García, señaló que durante años, el Departamento de Policía de Phoenix ha estado funcionando con impunidad y conminó al Ayuntamiento a llevar a cabo acciones que terminen con esa práctica.
“Esperamos que la alcaldesa Gallego y los miembros del Concilio Municipal se comprometan a crear una un comité de revisión civil con poder de citación para garantizar la implementación de las recomendaciones, como el comienzo de un cambio real en el Departamento de Policía”, dijo.
También agradeció a los miembros de la comunidad y a las familias afectadas que presentaron sus testimonios de abuso policiaco así como a los organizadores y activistas que han estado luchando durante años.
“Asumimos el mismo compromiso para involucrar a la comunidad y asegurarnos de detener nuestra crisis actual”, afirmó García, que durante su primera junta oficial de Concilio lució una camiseta con una leyenda sobre la brutalidad policiaca.
Se enfrenta DiCiccio
Por su parte, Sal DiCiccio, concejal del Distrito 6, dijo que los activistas que exigen que la policía sea más responsable ya tienen a quien acudir: el comité de revisión de ciudadanos.
Durante la reunión DiCicció calificó de anarquistas a los manifestantes y escaló a un enfrentamiento verbal y abucheos.
Grupos que han estado protestando desde que se publicó un video de dos oficiales de Phoenix apuntando con armas de fuego a una mujer embarazada y sus dos hijas menores, fustigaron la aprobación por parte del Concilio de un presupuesto 721 millones para el Departamento de Policía.
Algunos manifestantes pidieron establecer una Junta Civil para supervisar los cambios en los procedimientos del Departamento de Policía.
“Ya tenemos eso, sus quejas no tienen fundamento y ustedes critican y atacan a quienes piensan diferente; siempre ha sido así”, dijo DiCiccio mientras recibía una serie de abucheos.
DiCiccio dijo que los casos en que un oficial enfrenta una acción disciplinaria se envían a la junta de ciudadanos.
“Esta junta civil están ahí para supervisar el Departamento de Policía, pero ahora los manifestantes quieren poder entrar allí y comenzar a despedir a los oficiales que no les gustan, quieren que ese grupo tenga más poder que el que tiene el propio administrador de la ciudad ¡Es una locura!”, manifestó DiCiccio.
“Se trata de grupo muy pequeño de personas que insisten en la narrativa de que la Policía es mala gente, están pintando la narrativa de que son asesinos. No lo son”, dijo el concejal del Distrito 6.
