Edith Espinal pasa sus días orando, leyendo y, cuando se siente animada, sale a caminar por los alrededores de una iglesia menonita en Columbus, Ohio, es una inmigrante que cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos hace más de dos décadas, y durante los últimos 21 meses ha estado viviendo en ese santuario, donde sus líderes la protegen mientras lucha contra una orden de deportación.
Pero a principios de esta semana, la secretaria de la iglesia le entregó una carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que afirmaba que se había “negado voluntariamente” a abandonar el país por lo que había “engañado o conspirado” para evitar su deportación y por eso le debía al gobierno casi medio millón de dólares.
“No tenemos esa cantidad de dinero, nunca me imaginé que nos enviarían esto”, dijo este miércoles Espinal, de 42 años, en referencia a la factura por 497 mil 777 dólares.
Espinal es una de las muchas personas migrantes que viven en instalaciones religiosas que recibieron notificaciones similares, la medida más reciente implementada por el gobierno de Donald Trump en su represión contra la inmigración ilegal.
Al citar el Acta de Inmigración y Nacionalidad, los funcionarios de ICE dijeron que la agencia está facultada para imponer multas civiles de hasta 799 dólares por día a los inmigrantes que han recibido la orden de abandonar el país o que no han cumplido con esa instrucción; la agencia comenzó a emitir esas notificaciones en diciembre, aunque el miércoles todavía no se sabía cuántas había enviado.
“ICE se compromete a utilizar varios métodos de cumplimiento, incluido el arresto, detención, monitoreo tecnológico, y las sanciones económicas para hacer cumplir la ley de inmigración de los Estados Unidos y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por los jueces”, dijo Carol Danko, vocera de la agencia.
Trump, poco después de su toma de posesión firmó una orden ejecutiva que le pedía al Departamento de Seguridad Nacional que cobrara todas las multas y penalidades de cualquiera que hubiese entrado ilegalmente al país, dijo que su gobierno comenzaría a realizar redadas migratorias después del Cuatro de Julio.
Las cartas enviadas esta semana sorprendieron a los pastores y activistas de inmigración porque los santuarios, así como los hospitales y las escuelas, habían sido excluidos de las redadas.
En Austin, en la Iglesia Presbiteriana de St. Andrew, Hilda Ramírez Méndez también recibió una carta esta semana informándole de su orden final de expulsión y que, además, se le impondría una multa de 303 mil 620 dólares.
