Lo que inició con el requerimiento de un seguro para perros y amenaza de multas por parte de la gerencia de Capri Mobile Home Park, ubicado en el 4211 al Oeste de la calle Roosevelt, ha provocado una avalancha de quejas y denuncias de discriminación y abuso por parte de la gerencia local de la empresa con base en Texas.

Capri cuenta con 279 espacios de renta para casas móviles, más del 90 por ciento ocupadas por familias hispanas.

El activista y defensor público Silverio García explica que en un intento por obtener más dinero de sus inquilinos, la gerencia de Capri MPH, LLC exigió la adquisición de seguros a todos los propietarios de mascotas y de no cumplir el requisito, se estarían aplicando multas de 200 dólares mensuales por cada animal y que serían colectados previos al pago de la renta de su espacio.

De no cumplir los requerimientos, las mascotas deberían abandonar la propiedad.

“Es decir que para poder pagar la renta, antes deberíamos pagar las multas, que además son constantes y por diferentes situaciones como la exigencia de retirar de los patios todo lo que ellos no consideren apropiado, pese a que somos propietarios de las casas móviles y solo rentamos el espacio”, dice María Salgado, una de las denunciantes.

El asunto se hace más serio bajo la amenaza de multas para personas que tienen perros de servicio, prescritos por médicos y autorizados tanto por las autoridades municipales como del Condado y que por protección de la ley federal, no requieren de seguro, según explica el activista y defensor Silverio García.

“Fue entonces que nos llamaron, investigamos el caso y encontramos que las personas con discapacidades que tienen perros de servicio son protegidas por la ley y no deben ser forzada al pago de un seguro,  algo que los encargados de Capri, ni siquiera tenían conocimiento y por eso sometimos tres quejas a nombre de los inquilinos afectados”, dice García.

Pero García además convocó a reunión con los vecinos del complejo de casas móviles y para su sorpresa, se llenaron decenas de hojas con más de 100 diversas quejas en contra de la gerencia encabezada a nivel local por Tricia González.

“Hay desde vecinos que no han tenido el servicio básico del agua potable por más de un mes, la venta ilegal de espacios de estacionamiento, hasta los señalamientos de discriminación y trato grosero por parte de la gerencia local que veía a los inquilinos como una máquina para sacarles dinero”, señala Silverio García.

Las tres quejas por discriminación para personas con discapacidad por sus perros de servicio ya fueron aceptadas por los departamentos de igualdad de oportunidades y de vivienda del Ayuntamiento de Phoenix, que también tiene injerencia a nivel federal.

Las quejas a nombre de María Salgado, Miguel Solís y Emanuel Zazueta iniciaron por el tema de los perros de servicio que les fueron prescritos por diversas afecciones médicas como la depresión, ansiedad e incluso el diabetes y para ello, las mascotas deben cumplir con toda la reglamentación necesaria.

“Es necesario que nuestra comunidad sepa que tienen derechos independientemente de su situación migratoria, porque muchos veces no alzan la voz y se dejan intimidar”, dice García.

Otra situación por demás irregular, tiene que ver con la documentación oficial de la inmobiliaria, que es manejada completamente en inglés, aún cuando la mayoría de sus clientes sólo hablan español.

“Ese es otro tema que ya estamos viendo con la gerencia regional y nos han asegurado que ya se trabaja en la traducción de los documentos oficiales, igualmente cuando se enteraron sobre las quejas iniciaron con algunas reparaciones”, señala García.

Al cierre de la edición, Tony Ortiz, gerente regional del corporativo que maneja  Capri MPH, LLC estaría presente en una reunión con los inquilinos, convocada por Silverio García, para conocer de primera mano sus quejas y encontrar posibles soluciones a las casi 300 familias que han resultado presionadas y afectadas durante años.

“Hemos tenido un muy mal trato e incluso algunas familias han sido presionadas hasta el punto de dejar sus viviendas, que luego embargan, reparan y vuelven a vender”, afirmó María Salgado al recordar el caso de una de sus vecinas que prefirió dejar la propiedad.

Silverio García señaló que se continuará con presionando a la gerencia para que se solucionen las quejas de los inquilinos y se respeten sus derechos y vio como positiva la presencia del gerente regional Tony Ortiz quien ha mostrado una mejor disposición para lograr acuerdos.