Los Comités de Defensa de Barrio y miembros de la Junta Asesora de la Comunidad (Melendres v Penzone) denunciaron que hasta la fecha, solo 9 de las 166 víctimas del ex alguacil Joe Arpaio que presentaron la solicitud, han sido compensadas.
En total, sólo se han entregado 45 mil dólares de los 500 mil disponibles de un fondo establecido a través de una orden judicial emitida por el juez Snow en contra de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) por sus detenciones utilizando perfil racial en la era de Arpaio.
Mario A. Chihuahua, miembro de los Comités de Defensa de Barrio, fue una de las primeras víctimas detenidas el 29 de diciembre de 2011 por agentes de MCSO después de que una orden judicial les había prohibido hacer preguntas sobre situación inmigración.
Aún así, se le preguntó en numerosas ocasiones su estado migratorio, pero conociendo sus derechos, Mario se negó a responder las preguntas, pero fue llevado a la Cárcel de la Cuarta Avenida y luego al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Mario solicitó y se le negó la compensación por medio del Condado de Maricopa que en un documento le expresó su desacuerdo al pago de 35 mil dólares, obligándolo a contratar un abogado para apelar la decisión.
“Es sólo un movimiento legal y la mayoría de los afectados se desaniman y así dejan el proceso, pero tienen el derecho de asesorarse y lograr la justa compensación; se entiende que el Condado hace este movimiento para ahorrar dinero”, señaló el líder comunitario Salvador Reza.
Aunque hay una agencia externa, BrownGreer, contratada para administrar el proceso de divulgación y solicitudes, MCSO junto con la oficina de Abogados del Condado están involucrados en la revisión de los reclamos y, si no se apelan, tienen la decisión final de compensar o no.
