El Procurador General William Barr emitió dos decisiones que limitan las opciones de los inmigrantes con casos de conducción punible o bajo influjo (DUI, por sus siglas en inglés) para luchar contra la deportación y obtener un estatus legal.
Los DUI son las condenas penales más comunes para las personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se encuentran entre los delitos más comunes en muchos estados, aunque no son delitos deportables por sí solos.
Las decisiones tomadas a través del poder único de “certificación” del Fiscal General, eliminan un camino para detener la deportación de las personas con antiguas condenas penales y descalifican a las personas con múltiples condenas por alcoholismo de muchos caminos hacia el estatus de inmigración legal.
Los inmigrantes deben demostrar que han tenido un buen carácter moral durante un período determinado de años al solicitar la cancelación de una orden de deportación y al solicitar la ciudadanía, entre otros procesos de inmigración.
“Los esfuerzos de rehabilitación después de las condenas por DUI, como ir sobrio, completar programas de seguridad contra el alcohol y asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, son encomiables, pero no demuestran por sí mismos un buen carácter moral y no contrarrestan el DUI descalificador”, dijo Barr en su decisión.
Los abogados de inmigración expresaron su indignación, pues estas decisiones puedan empujar a cientos de miles de inmigrantes al sistema de deportación al tiempo que eliminan los caminos para legalizarse.
“Es increíble que con todo el escándalo que envuelve al Presidente y al procurador general Barr, se dan el lujo de seguir atacando a las familias inmigrantes; es otro golpe bajo de esta administración que sin duda alguna está determinada a deportar a todos los indocumentados los más pronto posible”, dijo la activista y abogada de inmigración Emilia Bañuelos.
Barr puede tomar decisiones sobre la ley de inmigración porque el tribunal de inmigración es parte del poder ejecutivo, no del poder judicial y se encuentra dentro del Departamento de Justicia; eso convierte al Fiscal General y los tribunales de inmigración, en su principal juez.
“Esta administración está dedicada a limpiar a la gente de color para que Estados Unidos sea solamente gente de color blanco y eliminar opciones para que las personas se puedan defender en los tribunales de inmigración, es un abuso de autoridad en contra del proceso justo a que toda persona tiene derecho”, dijo Bañuelos.
Como juez superior, Barr puede esencialmente extraer casos de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es efectivamente el brazo de apelación de los tribunales de inmigración, para la “certificación” y después de revisar esos casos, puede emitir sentencias vinculantes sobre cómo los tribunales de inmigración deben interpretar la ley.
“Esta administración es lo peor y necesitamos que termine el terror en contra de las familias inmigrantes que esta administración ha venido sembrando y la única manera es que la comunidad use el voto en contra de Trump y su administración”, agregó la abogada.
Si bien las administraciones anteriores han utilizado el poder para aclarar la ley de inmigración, Trump lo ha estado utilizando para alterar grandes partes del sistema sin redactar nuevas leyes o regulaciones.
Desde que asumió el cargo, los fiscales generales de Trump han utilizado el proceso de certificación en una variedad de asuntos de inmigración, incluida la limitación de la discreción de los jueces de inmigración y la restricción de la ley de asilo al restringir la cantidad de migrantes que pueden permanecer en el país.
Las nuevas decisiones de Barr establecen que está siguiendo los pasos de su predecesor, Jeff Sessions, mediante el uso de la certificación para anular precedentes y limitar los caminos a la residencia legal.
Sessions emitió decisiones sobre cinco casos durante su mandato y Barr ahora ha emitido cuatro; la administración Trump está en camino de emitir más de estas decisiones que cualquier otra administración en la historia reciente, pues en su lapso de ocho años, la administración Bush emitió 16 decisiones, mientras que las administraciones de Obama y Clinton emitieron cuatro y tres respectivamente.
