Parecía que todo había acabado, pero diez años después de que la SB 1070 iniciara la represión de Arizona contra los inmigrantes, nuevas propuestas de ley en la legislatura han encendido focos de alerta y las amenazas de boicot, pues son consideradas como el regreso del racismo gubernamental, precisamente durante la visita de Donald Trump a Phoenix.
Y es que el gobernador Doug Ducey se unió a la campaña del Presidente contra las llamadas “ciudades santuario”, y la senadora Sylvia Allen presentó una propuesta de ley para llevar una iniciativa a las boletas electorales, algo que de hecho ya ha sido rechazado por los votantes, como se demostró a finales del año pasado en Tucson.
Bajo las nuevas propuestas, se le daría al Fiscal General del estado acceso a la base de datos de registro de votantes de Arizona para que pueda examinar su estatus legal, bajo un contrato con los Servicios de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos.
Y también expondría a los funcionarios públicos a demandas por delitos que resulten de la falla en la aplicación de la ley de inmigración.
La nueva propuesta va más allá de la ley existente, que prohíbe que las agencias gubernamentales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley limiten o restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración.
En otras palabras, obligaría a empleados gubernamentales a denunciar a quienes considere que podrían estar sin documentos en el país.
Según las medidas que ahora se están aplicando tanto en la Cámara como en el Senado, se requeriría que todas las agencias gubernamentales cooperen con las agencias federales de aplicación de la inmigración, incluidas las escuelas y los hospitales públicos y si se aprueba, se pedirá a los votantes aprobar la enmienda constitucional en noviembre, algo muy probable, dado el historial del estado.
Nuevamente al boicot
Al respecto una coalición de activistas por los derechos de los inmigrantes amenazan con lanzar otro boicot económico a Arizona como el que se organizó hace 10 años y llevó a la entidad a la práctica bancarrota y llamaron a Ducey y los legisladores a “matar esas propuestas racistas”.
“Pensamos que habíamos dejado esto atrás, pero aparentemente el gobernador Ducey no ha aprendido la lección: pueden detener esto ahora o pueden escalarlo y crear otra lucha para todos y esperar un boicot contra Arizona”, dijo Salvador Reza, activista de los Comités de Defensa de Barrios, que pelea por los derechos de inmigración desde hace mucho tiempo.
La amenaza de boicot es un recordatorio del daño económico causado por SB 1070 después de su aprobación, algo que todavía está resintiendo la educación pública, que sufrió severos recortes durante la gran recesión.
El lenguaje de las nuevas propuestas proviene casi directamente de SB 1070: la policía local debe cooperar con las autoridades federales de inmigración y las ciudades santuario retienen esa cooperación y Ducey gobernador quiere llevar la ley un paso más allá: consagrarla en la Constitución de Arizona poniéndola a votación en todo el estado.
Por su parte Alejandra Gómez, co directora de LUCHA, señaló que aprobar éstas leyes pondría en peligro a los estudiantes en las escuelas y a los enfermos que acudan a solicitar servicios en hospitales públicos, pues los empleados estarían obligados a denunciarlos, si sospechan sobre su estatus migratorio.
“No nos engañemos, aquí no se trata de las ciudades santuario, se trata de cumplir con la agenda racista de Donald Trump”, señaló.
En la conferencia, líderes como Mary Rose Wilcox, Roberto Reveles y Esther Lumm, entre otros, manifestaron que los legisladores han intentado acallar las voces de quienes se oponen y que se ha levantado una queja contra el senador Eddie Farnsworth, por interrumpir durante una audiencia a quienes exponían sus testimonios.
En esa audiencia, Hugo Polanco, estaba hablando por los latinos Unidos por el Cambio en Arizona y calificó la propuesta como “un retorno al racismo, la división y el odio de SB1070”.
“Aquí no hay nada racista, así que voy a advertirle: testifique, pero no necesita ser vitriólico”, interrumpió Farnsworth para suspender la sesión y pedir que la seguridad sacara a los activistas.
Los líderes hispanos también llamaron también a las cámaras de comercio a levantar la voz, ya que de progresar éstas propuestas y llamar a un nuevo boicot, se estaría afectando gravemente la economía estatal.
Alzan la voz
La Cámara de Comercio Hispana de Arizona y la Fundación Comunitaria de Arizona han criticado duramente las referencias a la boleta electoral.
“Estas propuestas son desestabilizadoras e innecesarias dadas las leyes estatales existentes que abordan los mismos problemas que dicen resolver”, dijo la fundación, el mayor donante caritativo del estado, en un comunicado.
Por su parte, Mónica Villalobos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC, por sus siglas en inglés) también se manifestó en contra.
“Colocar este referéndum en la boleta sería un recordatorio redundante y doloroso de un capítulo oscuro en la historia de Arizona. Solicitamos que el gobernador Ducey y el liderazgo legislativo de Arizona se opongan a estos esfuerzos”, señaló.
Los Presidentes del Caucus Legislativo Latino de Arizona, el Caucus de los Pueblos Indígenas, el Caucus Afroamericano y el Caucus LGBTQ, también se manifestaron.
“Las propuestas SCR1007 y HCR2036 son medidas xenófobas legalmente innecesarias, políticamente divisivas, diseñadas por el gobernador Ducey y sus colegas republicanos en año electoral.
“Esa ley racista, que en su mayor parte ha sido revocada por los tribunales con la excepción de su prohibición de las ciudades santuario, causó daños irreparables a la economía de nuestro estado, su reputación en todo el país y el mundo y aterrorizó a nuestras comunidades latinas. Durante años, Ducey ha promocionado, con razón, el progreso que nuestro estado ha logrado en la reparación de su relación con México después de SB1070.
“Pero con estas medidas ha demostrado que está dispuesto a tirar ese progreso por la ventana y arrojar a las comunidades latinas de Arizona debajo del autobús, en un intento cínico de aumentar la participación electoral de Trump. No vamos a defender a nuestros líderes una vez más aterrorizando a la gente de Arizona, saboteando nuestra economía y arruinando nuestra reputación como un lugar que acoge a todos”, finaliza el comunicado
La declaración fue emitida por el senador Tony Navarrete y el representante César Chávez; así como la Presidenta del Caucus de los Pueblos Indígenas Senadora Sally Ann Gonzales; el presidente del Caucus afroamericano, el representante Reginald Bolding y el presidente del Caucus legislativo LGBTQ, el representante Daniel Hernández Jr.
