Aun cuando parte de la regla de carga pública señala que los indocumentados no serían afectados, los especialistas en migración tienen otra opinión y recomiendan prudencia al momento de solicitar ayuda al gobierno en caso de que busquen regularizar su estatus en los Estados Unidos.
La disposición señala que los migrantes indocumentados no se verían afectados, pues no son elegibles para asistencia pública, ya sea de vivienda, alimenticia o de salud, pero los hijos ciudadanos si tienen ese derecho.
“El mensaje que el gobierno federal está dando es que no quiere migrantes pobres, y el hecho de utilizar servicio de estampillas, medicaid o AHCCCS para sus hijos, le da a los oficiales razón de que los padres no son lo suficientemente solventes”, dice el abogado Spencer Lee, especialista en migración.
Entonces cualquier persona que busque lograr una residencia permanente en los Estados Unidos deberá tener cuidado con las solicitudes de apoyo gubernamental, a partir de octubre, cuando entre en vigencia la nueva regla, aun cuando la disposición ha sido desafiada en las cortes por 13 estados del país.
La asistencia médica es una de las más utilizadas para el cuidado de sus hijos nacidos en los Estados Unidos, lo que puede representar el mayor problema para las familias migrantes que no tienen la posibilidad económica de un seguro privado.
Muchas dudas
Varias dudas siguen surgiendo sobre la aplicación de la regla de carga pública que oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzarán a aplicar el 15 de octubre, pero hay cuatro señales clave que el personal migratorio tomará en cuenta para evaluar las aplicaciones de extranjeros.
USCIS explicó que hay cuatro elementos que los oficiales considerarán para evaluar a detalle cada aplicación y determinar si un extranjero es o podría ser una carga pública para los Estados Unidos, al haber solicitado ayudas sociales o que sus condiciones al momento de aplicar por un beneficio lo proyecten como una posible carga.
1. Empleo.- Los oficiales considerarán seriamente si el extranjero no es un estudiante de tiempo completo y está autorizado para trabajar, pero no puede demostrar un empleo, historial de empleo reciente o un posible empleo en el futuro.
2. Beneficios.- El extranjero ha recibido o ha sido certificado o aprobado para recibir uno o más beneficios públicos por más de 12 meses, en conjunto, dentro de cualquier período de 36 meses, comenzando no antes de 36 meses antes de que solicite un beneficio migratorio.
3. Enfermedad.- Aquel inmigrantes que ha sido diagnosticado con una condición médica que probablemente requiera tratamiento médico extenso o que interferirá con su capacidad de mantenerse a sí mismo, asistir a la escuela o al trabajo, y él o ella no tiene seguro médico y no tiene la posibilidad de obtener un seguro médico privado, además de no contar con los recursos para pagar los costos médicos razonablemente previsibles relacionados con un
condición.
4. Casos en cortes.- Los extranjeros que han sido declarados por un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración como inadmisibles o deportables por motivos de “carga pública”.
En 2018, el gobierno del presidente Donald Trump presentó su plan para definir “carga pública” y “beneficios públicos”, los cuales serán considerados por oficiales migratorios para evaluar cualquier petición.
